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La semana pasada hubo dos hechos que abren una pequeña luz de esperanza para que la concertación y el diálogo allanen el camino de una gobernabilidad difícil, llena de obstáculos, enfrentamientos, polarización e incertidumbre.
La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, anunció la radicación de dos proyectos de reforma a la educación. El primero busca regular el derecho fundamental a la educación y, el segundo, reformar la Ley 30 de 1992. Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido con otras reformas, la ministra afirmó lo siguiente: “Para lograr sacar adelante los proyectos de ley que permitan garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental de todos los colombianos, y modernizar la educación superior garantizando los recursos necesarios para las IES públicas, fomentando la investigación, facilitando el acceso a una educación de calidad y pertinencia en condiciones de equidad, entre otros, es necesario escuchar a todos los colombianos y construir de manera participativa un nuevo modelo educativo para el país, en especial con los jóvenes”.
Basta recordar a Carolina Corcho, exministra de Salud, cuando, en medio de descalificaciones y estigmatizaciones a quienes osaban expresar críticas y proponer cambios, pretendió imponer “su” proyecto, para ver la diferencia. Posiblemente algunos aspectos de los proyectos de reforma a la educación van a recibir críticas, lo cual es inherente a las deliberaciones parlamentarias, pero sin duda el ambiente para los debates facilitará su trámite e incluirá voces diversas. La democracia participativa no es solo salir a las calles a protestar. La participación ciudadana conlleva la posibilidad de incidir en los asuntos públicos, más allá del voto. Y la educación, sin duda, es un asunto que no es ajeno a ningún ciudadano.
El segundo hecho fue el llamado del presidente Gustavo Petro a la unidad nacional el día de la instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio. Concretamente, propuso un acuerdo nacional porque “es momento de ceder”. Aun cuando no especificó en qué consistiría el acuerdo, reconoció que el Congreso es la expresión condensada de ese acuerdo, que se tramita aquí a través de las reformas (…) Podemos hacerlo en medio de las diversidades económicas, sociales, culturales y políticas”. También en este caso hay contrastes con sus reiterados llamados al pueblo a salir a las calles para presionar al Congreso y las acusaciones de ser enemigos del cambio, su cambio, a sus contradictores y sectores económicos, políticos y sociales a los que se refirió en su reciente llamado. Estas propuestas se asemejan al espíritu conciliatorio que esgrimió en su discurso de posesión, pero que se fue desdibujando. Ojalá en esta ocasión no suceda lo mismo.
La responsabilidad de que los debates políticos entre contradictores, bien sea en el Congreso o a través de las redes sociales y en la plaza pública, no desemboquen en más violencia e ingobernabilidad no es solo del Gobierno y de los partidos que lo apoyan; también lo es de la oposición, los medios de comunicación y todos los ciudadanos.
