El 2021 marcó el comienzo de un intenso ciclo electoral en América Latina y el Caribe que terminará en 2024. Desde Chile hasta México, todos los países de la región, excepto Cuba, tendrán elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, locales o constituyentes. Esto se da en medio de un complejo panorama marcado por una intensa polarización y fragmentación política, crecientes movilizaciones sociales y una profunda crisis social y económica. Y, como lo llama el politólogo español Manuel Alcántara, en un contexto de “democracias fatigadas” donde reinan la desconfianza y el desencanto de los ciudadanos en las instituciones: en un Estado y unos gobiernos ineficientes, frecuentemente cooptados por intereses particulares, con altos grados de corrupción e impunidad; en unos partidos políticos y unos Congresos anquilosados por los que no se sienten representados; en unos regímenes donde el Estado de derecho es cada vez más frágil y las violaciones a los derechos humanos son recurrentes.
Este ciclo electoral puede ser el punto de quiebre que defina el rumbo de las democracias de la región. Por considerarlo relevante y pertinente para Colombia y las elecciones que se avecinan, transcribo algunos apartes del documento “La gobernabilidad democrática como respuesta efectiva y perdurable a los desafíos de América Latina”, elaborado por IDEA Internacional. En él se plantean “las transformaciones que deben registrarse en la conducta, las intervenciones y el desempeño de los actores principales —Estado, sociedad, sector privado, entidades internacionales, partidos políticos— para mejorar la calidad de la democracia y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo de América Latina”. Estas propuestas se fundamentan en tres pilares: recuperar la confianza ciudadana en la política y relegitimar las instituciones democráticas, avanzar hacia un nuevo contrato social incluyente y solidario, y poner en marcha unas ambiciosas reformas fiscales progresivas.
Para lograrlo, según IDEA, se requiere romper las tendencias concentradoras y de desigualdad y detener las señales de autoritarismo, populismo y pérdida de los valores de la democracia en algunos países. Específicamente, propone una institucionalidad política relegitimada, que propicie la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la política con evidencia dura y no con promesas ni declaraciones de buenos deseos, que provoque una ruptura con respecto a prácticas de simulación del pasado para motivar una influencia real de la creciente participación ciudadana en las decisiones políticas. Un nuevo contrato social que garantice condiciones de vida básicas: empleo decente, salud universal, educación de calidad, vivienda digna y seguridad para todos, en una región donde imperen la democracia, la paz y el Estado de derecho, integrada al mundo con autonomía y liderazgo, con un Estado activo e inteligente, con sentido de propósito, estrategia y capacidad de ejecutar políticas públicas que cierren las brechas actuales. Una reforma fiscal, integral, profunda y progresiva, que fortalezca al Estado reformado, que sea resultado de una amplia discusión, especialmente con las élites para que acepten tributar más, y que, al mismo tiempo, comprometa la eficacia e integridad de la gestión de los recursos de todos por parte del Estado.
