La ley garantiza “el ejercicio y la protección del derecho a la oposición a las organizaciones políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes”. Este derecho se sustenta en varios principios. Entre ellos, resalto tres: en primer lugar, el principio democrático, que establece que “el derecho a la oposición e independencia política como una condición esencial de la democracia participativa (…) debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias”. En segundo lugar, la libertad de pensamiento y opiniones, que plantea que “las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático”. Y, en tercer lugar, el pluralismo político, según el cual “las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático” (Ley 1909 de 2018).
Este derecho y los principios que lo sustentan son de la esencia de los regímenes democráticos. Sin embargo, no son suficientes y por sí solos no garantizan su plena realización. El derecho a oponerse, disentir y participar no se agota en las colectividades políticas. Los ciudadanos también tienen derecho a manifestar su descontento, participar en asuntos públicos y de interés general, y pedirles rendición de cuentas a los gobernantes, entre otros. Por ejemplo, cuando se amenazan o restringen la libertad de expresión o la libertad de prensa, los pilares de la democracia se debilitan. Por eso llama la atención que algunos congresistas, ministros, funcionarios e incluso el propio presidente privilegian el Twitter sobre la deliberación y el diálogo, estigmatizan a quienes piensan diferente y disienten de sus propuestas, descalifican a medios de comunicación que no comulgan con todo lo que se está proponiendo e incluso pretenden convertir las calles en el escenario donde se toman decisiones que le competen al Congreso de la República.
No es casual que periodistas de diversos medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, y organizaciones que defienden la libertad de prensa hayan manifestado su preocupación por los crecientes cuestionamientos por parte de miembros del Gobierno y de la coalición gobernante a comunicadores por el hecho de expresar críticas a sus declaraciones, actuaciones o proyectos. No son pocos los ejemplos de mandatarios en el mundo que han utilizado esta estrategia para acallar a los medios, acusándolos de ser enemigos del pueblo y de ser “cómplices” del establecimiento y sus representantes. Incluso, deslegitimando su labor, como tituló El Espectador el editorial del domingo anterior. Trump, Bolsonaro, Maduro y Bukele son solo algunos de ellos.
Nadie cuestiona que el presidente Petro fue elegido por millones de ciudadanos con la esperanza de que las promesas de cambio que hizo durante su campaña se conviertan en realidad. Sin embargo, una vez elegido, se convierte en el presidente de todos los colombianos y debe respetar su derecho a ser escuchados, expresarse, recibir información oportuna, veraz y comprensible, oponerse y disentir sin ser considerados enemigos del cambio.
