En el marco de los debates sobre las objeciones que presentó el presidente Duque a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP y sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en las últimas semanas los colombianos presenciamos el lamentable espectáculo que protagonizaron en el Congreso de la República los congresistas de varios partidos políticos y funcionarios de la institución. Estos hechos evidenciaron manejos poco transparentes, dilatorios, manipuladores y el desconocimiento —real o intencional— de los procesos legislativos, en particular por parte del presidente del Senado, Ernesto Macías, y de miembros del Centro Democrático y de otros partidos que hacen parte de la coalición del Gobierno.
Con relación a la ley estatutaria, hubo dilaciones de varias semanas en los procedimientos para el envío del texto remitido por la Corte Constitucional al presidente para su sanción; la sorpresiva e inédita decisión presidencial de objetar parcialmente la ley que ya había sido avalada por dicha Corte, lo cual le tomó mas de 50 días; intentos reiterados por parte de los partidos que estaban a favor de aprobar las objeciones —el Centro Democrático, el Partido Conservador, MIRA y Colombia Justa Libres— de posponer la discusión de las ponencias y de repetir la votación, con el fin de ganar tiempo. Incluso se revivió la yidispolítica y la notaría de Teodolindo reencarnó en la corporación regional de Maritza Martínez. El resultado fue dejar las decisiones en manos de la Corte Constitucional y seguirle poniendo obstáculos al funcionamiento de la JEP.
Como si esto fuera poco, el PND, que es la carta de navegación del país y del Gobierno para este cuatrienio, fue aprobado en el Senado a pupitrazo. Es decir, sin que la mayoría de los congresistas hubieran tenido tiempo de leerlo ni debatirlo y por lo tanto sin saber qué aprobaron.
Mientras todo esto sucede, la agenda legislativa está empantanada y en serio riesgo: temas como la reforma política y la de la justicia, los proyectos anticorrupción y el acto legislativo que busca eliminar la conexidad del delito sexual con el delito político quedaron en cuidados intensivos.
Tanto en el caso de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP como en el de la aprobación del PND ya se han anunciado demandas a funcionarios del Congreso por el manejo de los debates y a congresistas por abandono del recinto antes de votar y el trámite irregular de los impedimentos, así como por reparos de fondo a algunos artículos del Plan. Esto puede llevar a que el barco y su capitán queden a la deriva, o por lo menos averiados, lo que hará difícil llegar a buen puerto en el 2022.
Coda. En medio de todo este panorama bastante sombrío hay hechos alentadores. Por un lado, se estrenaron exitosamente algunos artículos del Estatuto de Oposición, como por ejemplo el derecho de ésta a definir el orden del día en las sesiones del Congreso. Y por el otro, la disciplina de los partidos contrarios a las objeciones presidenciales y no haber sucumbido a los cantos de sirenas del Gobierno y a las intimidaciones.
En el marco de los debates sobre las objeciones que presentó el presidente Duque a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP y sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en las últimas semanas los colombianos presenciamos el lamentable espectáculo que protagonizaron en el Congreso de la República los congresistas de varios partidos políticos y funcionarios de la institución. Estos hechos evidenciaron manejos poco transparentes, dilatorios, manipuladores y el desconocimiento —real o intencional— de los procesos legislativos, en particular por parte del presidente del Senado, Ernesto Macías, y de miembros del Centro Democrático y de otros partidos que hacen parte de la coalición del Gobierno.
Con relación a la ley estatutaria, hubo dilaciones de varias semanas en los procedimientos para el envío del texto remitido por la Corte Constitucional al presidente para su sanción; la sorpresiva e inédita decisión presidencial de objetar parcialmente la ley que ya había sido avalada por dicha Corte, lo cual le tomó mas de 50 días; intentos reiterados por parte de los partidos que estaban a favor de aprobar las objeciones —el Centro Democrático, el Partido Conservador, MIRA y Colombia Justa Libres— de posponer la discusión de las ponencias y de repetir la votación, con el fin de ganar tiempo. Incluso se revivió la yidispolítica y la notaría de Teodolindo reencarnó en la corporación regional de Maritza Martínez. El resultado fue dejar las decisiones en manos de la Corte Constitucional y seguirle poniendo obstáculos al funcionamiento de la JEP.
Como si esto fuera poco, el PND, que es la carta de navegación del país y del Gobierno para este cuatrienio, fue aprobado en el Senado a pupitrazo. Es decir, sin que la mayoría de los congresistas hubieran tenido tiempo de leerlo ni debatirlo y por lo tanto sin saber qué aprobaron.
Mientras todo esto sucede, la agenda legislativa está empantanada y en serio riesgo: temas como la reforma política y la de la justicia, los proyectos anticorrupción y el acto legislativo que busca eliminar la conexidad del delito sexual con el delito político quedaron en cuidados intensivos.
Tanto en el caso de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP como en el de la aprobación del PND ya se han anunciado demandas a funcionarios del Congreso por el manejo de los debates y a congresistas por abandono del recinto antes de votar y el trámite irregular de los impedimentos, así como por reparos de fondo a algunos artículos del Plan. Esto puede llevar a que el barco y su capitán queden a la deriva, o por lo menos averiados, lo que hará difícil llegar a buen puerto en el 2022.
Coda. En medio de todo este panorama bastante sombrío hay hechos alentadores. Por un lado, se estrenaron exitosamente algunos artículos del Estatuto de Oposición, como por ejemplo el derecho de ésta a definir el orden del día en las sesiones del Congreso. Y por el otro, la disciplina de los partidos contrarios a las objeciones presidenciales y no haber sucumbido a los cantos de sirenas del Gobierno y a las intimidaciones.