La crisis de los pasaportes y las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre lo que llama falta de garantías en las próximas elecciones, aparentemente, son hechos que no tienen ninguna relación. Sin embargo, hay un hilo conductor. Se llama Thomas Greg & Sons. Reiteradamente, el primer mandatario ha manifestado su animadversión contra esta empresa. Asimismo contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, por la muy probable adjudicación del contrato del manejo del sistema electoral en las próximas elecciones. Tampoco se salva el Consejo Nacional Electoral. Lo critica por lo que considera una dilación intencional sobre la solicitud de fusión de varios partidos afines al proyecto del Gobierno para unificarlos en una sola organización política con miras a los próximos comicios.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
A esto se suman las críticas al Consejo de Estado, concretamente a miembros de la Sección Quinta, por algunas decisiones que ha tomado sobre lo que el tribunal calificó de doble militancia de varias personas cercanas a su proyecto “progresista” en las pasadas elecciones. Todo esto viene acompañado de intentos de reducir los recursos asignados a estas entidades en el presupuesto nacional.
Es una verdad de Perogrullo afirmar que las elecciones son uno de los pilares fundamentales de la democracia. Pero esto no se limita a su realización, como lo demuestra Venezuela, donde estas fueron manipuladas; la oposición, perseguida, y las pruebas contundentes aportadas por observadores nacionales e internacionales, desconocidas.
Las elecciones deben cumplir unos requisitos básicos. Entre otros, que sean libres, transparentes, con garantías para que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto sin presiones indebidas ni violencia, y que las colectividades políticas y los aspirantes a cargos de elección popular que cumplan con lo establecido en la Constitución y las leyes puedan participar en los comicios, sin discriminación de género, afiliación política, raza o religión.
Las instituciones electorales son las principales garantes para que las elecciones cumplan estas condiciones. Sin embargo, también les compete a los partidos y colectividades políticas, a los candidatos, los financiadores de las campañas, los encargados de garantizar el orden público y, en general, a todos los servidores públicos que de una u otra manera pueden incidir en su desarrollo. Y, por supuesto, al presidente de la República.
Por eso no pueden pasar inadvertidas las acusaciones, por ahora sin fundamento, que el presidente Petro ha lanzado contra la institucionalidad electoral. Quizás olvida que su elección tuvo todas las garantías para ser elegido y que sus opositores aceptaron los resultados precisamente por la credibilidad que generan.
Los ataques del Gobierno vienen acompañados de narrativas que pretenden generar desconfianza entre los electores y, en caso de resultados adversos a las expectativas de sus copartidarios, violencia. Deslegitimar la institucionalidad electoral contribuye a debilitar la democracia, aumenta la ya significativa polarización, y poco o nada aporta a generar un ambiente propicio para realizar unas elecciones en paz. Por todo esto, hay que evitar que los organismos electorales se conviertan en el eslabón más débil entre las instituciones que protegen la democracia.
