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“El Estado soy yo” es una frase que se le atribuye al rey de Francia Luis XIV, que presuntamente dijo en un discurso en el Parlamento de París. Si bien algunos expertos la califican de apócrifa, otros afirman que el propósito de esta afirmación sería identificar al rey con el Estado y por esta vía el poder absoluto de la monarquía sobre el Parlamento. Lo que sí parece estar comprobado es que, en ese contexto, el rey expidió varios decretos para aumentar el recaudo fiscal.
Hace apenas unos días, el presidente Gustavo Petro afirmó que si no se aprueba en el Congreso el incremento de cupo de endeudamiento del país, se vería obligado a declarar la emergencia económica y la cesación de las obligaciones de la deuda del país. Si bien esta opción fue desestimada por el ministro de Hacienda, quien la pronunció fue el jefe de Estado, a quien se supone hay que creerle. En la misma dirección van los anuncios de modificar la regla fiscal. Esta se estableció en el país en el 2011 y es liderada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Como su nombre lo indica, el propósito de este organismo, de carácter técnico, autónomo e independiente, es vigilar el cumplimiento de las normas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, blindarlas de los intereses y necesidades coyunturales del Gobierno de turno.
Algo similar ha ocurrido cuando el presidente, pasando por alto las facultades que la Constitución y la ley le confieren a las otras ramas del poder, incita al pueblo, a los sindicatos y a la minga indígena, entro otros, a salir a las calles para presionarlas y hacer lo que él considera que se debe hacer. Esto ha sucedido en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en el proceso de elección por la Corte Suprema de Justicia de la fiscal general de la Nación, cuando los proyectos del Gobierno no son aprobados o se les introducen modificaciones con las que no está de acuerdo, cuando la Corte Constitucional declara inexequibles leyes o decretos expedidos por el Gobierno o cuando el Congreso no aprueba sus proyectos.
Aparentemente, fue una paradoja cuando el presidente Petro dijo que denunciaría ante las Naciones Unidas al Estado colombiano por el incumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC-EP. ¿Acaso él no es el jefe de Estado, quien por lo demás ha criticado a la JEP en diferentes escenarios nacionales e internacionales y ahora su Gobierno viene adelantando un proceso de negociación con la Nueva Marquetalia, conformada por disidentes de las FARC y dedicadas a actividades criminales? Él es el presidente y por lo tanto también es responsable. Lo que antes se percibía como paradójico, parece ser parte de una estrategia calculada para convocar una Asamblea Constituyente o al poder constituyente, desconociendo la normatividad existente al respecto. Incluso ha pretendido sustentar esta propuesta con el argumento de que el Acuerdo de Paz de La Habana contempla esta posibilidad, lo cual ha sido controvertido por quienes lideraron estas negociaciones. Quizá con este movimiento, “el Estado soy yo” esté más cerca de lo pensado.
