Cada vez con más frecuencia mandatarios de diferentes países, de tendencias políticas e ideológicas diversas —y en algunas ocasiones extremas—, han ¨normalizado¨ en sus actuaciones y narrativas el odio, polarización, miedo y confrontación. Esto viene acompañado de propuestas populistas con las que pretenden convencer a sus electores de que todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal hecho y que ellos tienen la solución a todos los problemas.
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El presidente Gustavo Petro no ha sido la excepción. Uno de sus insultos favoritos ha sido acusar de “nazis” a sus contradictores y opositores. Esto no solo desvirtúa y banaliza el significado real de este concepto, sino que también desconoce que este produjo el peor genocidio del siglo veinte. Además, es un irrespeto a los millones de judíos y otras poblaciones que murieron en campos de concentración y los que tuvieron que abandonarlo todo para salvar sus vidas.
Pero ahí no termina esta táctica. Por ejemplo, califica a sus opositores de ser asesinos, traficantes y enemigos del pueblo. Esto genera más polarización, odio, incita a la violencia y la estigmatización de quienes piensan y actúan de forma que no coinciden con sus ideas.
En sus discursos en las regiones, los consejos de ministros televisados y sus cada vez más frecuentes alocuciones no ha escatimado alusiones y ataques contra quienes osan expresar su desacuerdo con sus proyectos y propuestas. Esto incluye al Congreso, los gremios, los medios de comunicación, académicos y centros de investigación, empresarios, jueces y magistrados. Con relación a estos, como informó El Espectador hace unos días a raíz de la admisión por el Consejo de Estado de una tutela que cuestiona la emisión en horario prime y en canales privados, argumentando que podría afectar el derecho a la información, y de la acción legal interpuesta por el senador Miguel Uribe, para quien las transmisiones podría ser un abuso de poder, el presidente escribió en su cuenta de X un mensaje que corrobora esto. Afirmó que “el pluralismo informativo y el derecho a la información, a la verdad, que ordena la Constitución, en vilo”. Dijo, además, que la eventual decisión del Consejo de Estado “permitiría saber si la democracia informativa es posible bajo nuestra Constitución y nuestra ley o lo que se desarrolla es el linchamiento del presidente”. Lo que él denomina linchamiento es lo que frecuentemente aplica contra quienes disienten o contradicen sus opiniones o ejercen las funciones que esa misma Constitución y las leyes los obliga a cumplir; o debido a sus propias frustraciones, muchas de ellas por la baja ejecución de algunos de sus programas e incluso por la corrupción, que presuntamente no ha sido ajena a funcionario de su Gobierno e incluso a miembros de su familia.
Esta práctica de estigmatización viene siendo utilizada por el presidente de tiempo atrás, pero se ha incrementado en las últimas semanas. Esto parece responder a una estrategia para movilizar a los ciudadanos para que participen en la Consulta Popular que convocó hace unas semanas a raíz del hundimiento de la Reforma Laboral en el Congreso y que los ciudadanos se pronuncien y voten afirmativamente a las preguntas objeto de la consulta. Y da paso a ir ambientando la continuidad del Pacto Histórico y de sus aliados. Sin embargo, se corre el riesgo de que conduzca a un incremento de la violencia, tanto verbal como física, y que esto enturbie el panorama electoral, tanto de la Consulta Popular como de las de Congreso y las presidenciales. La estigmatización, el odio y la polarización son malos consejeros, y esos sí, una amenaza para la democracia.
