LOS EUFEMISMOS SON UNA DE LAS principales características de la política colombiana. Esta práctica les permite a los políticos y a los funcionarios del Gobierno decir sin decir, hacer sin hacer y, sobre todo, enviar mensajes cifrados para que los entiendan unos pocos.
Ejemplo de esto es cuando el Presidente de la República insiste en que él no está buscando la reelección, pero simultáneamente, mediante el tristemente célebre decreto firmado al filo de la medianoche del pasado 16 de diciembre, convocó al Congreso a sesiones para darle curso al referendo reeleccionista. Y cuando hace pocos días les repitió a sus amigos que no aspiraría a un tercer período si los partidos que lo han apoyado lograban un acuerdo en torno a un candidato de unidad. Antes de esto hizo carrera el mito de la hecatombe, según el cual una segunda reelección estaría supeditada a un desastre de grandes magnitudes. Aunque nunca explicó con claridad los alcances de la debacle, muchos la relacionaron con la imposibilidad de encontrarle al Presidente un digno sucesor.
A las pocas semanas de esta declaración, la Casa de Nariño expidió un comunicado señalando que “por voluntad del Presidente de la República, el debate parlamentario sobre la reforma constitucional del Referendo debe ser sacrificado en aras de dar prioridad a la Reforma Política y a la Reforma de la Justicia”. No obstante, simultáneamente el Partido de la U, que es el partido por excelencia del Presidente, ponía en marcha la campaña de recolección de firmas para el referendo que permitiría la segunda reelección. Y meses después sus promotores radicaron el proyecto en el Congreso, no sin incurrir en presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña, hecho ante el cual la mayoría del uribismo ha guardado silencio.
Mientras tanto, algunos aspirantes a suceder al Presidente también incurren en ambigüedades similares. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en reciente entrevista en El Tiempo, dijo que “al Presidente no hay por qué atropellarlo” o exigirle que diga si quiere un tercer período. Pero a renglón seguido, ante la pregunta de si renunciaría en marzo para participar en la campaña presidencial, afirmó que no puede decirle no a un grupo de amigos que “invitan a jugar un torneo interesante y uno puede comandar un equipo ganador de gente joven y generar una transformación”. O la embajadora Noemí Sanín, quien en reciente viaje oficial a Colombia se reunió “en privado” con unos amigos, entre ellos el presidente del Senado, Hernán Andrade, para hablar de su futuro político y de un eventual apoyo del Partido Conservador a su candidatura. A pesar de que varios medios de comunicación informaron sobre estas conversaciones, al ser preguntada públicamente al respecto, la funcionaria adujo que no podía intervenir en política.
Sin embargo, el premio mayor de los eufemismos políticos se lo lleva la norma que establece que los funcionarios públicos no pueden intervenir en política. Si bien el precepto es sano en su espíritu, en el sentido de que busca evitar que se use el poder del Estado en beneficio propio, su aplicación es ambigua, selectiva y pocas veces efectiva. ¿O acaso no es intervenir en política expresar aspiraciones presidenciales mientras se ocupan cargos públicos? ¿O someter al país a los avatares de la incertidumbre por cuenta de la indecisión?
* Directora del Programa Congreso Visible, Universidad de los Andes
