El talante autoritario

En varios países del mundo, el uso de la censura para acallar a los medios de comunicación y a los ciudadanos y organizaciones que denuncian hechos de corrupción han ido en aumento. Venezuela y Nicaragua son quizá los casos más visibles en América Latina, pero no son los únicos. Recientemente en Colombia, el Congreso y la Fiscalía General de la Nación han tomado decisiones que van en esta dirección.

En el marco de los recientes debates sobre el proyecto de ley “por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción”, se incluyó un artículo que puede afectar a quienes denuncian públicamente a funcionarios si no tienen suficientes pruebas sobre el hecho denunciado. Esto incluye a los medios de comunicación, organizaciones comunitarias y personas naturales, lo cual puede conllevar a su censura. A pesar de la solicitud de varios representantes y de las críticas por parte de la Fundación para la Liberta de Prensa (FLIP) y la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación (AMI), este fue aprobado. Luego fue sustituido por otro artículo, que disminuye las sanciones, pero se mantiene el espíritu de censura y de limitación a la libertad de expresión. Algunos congresistas que defienden el artículo sostienen la “novedosa” —por no decir amañada— teoría según la cual la creciente percepción de corrupción en Colombia no se debe a que esta ha aumentado, sino a las denuncias que se presentan “sin suficientes pruebas”. Esto no solo desconoce que algunos de los principales hechos de corrupción en el país han salido a la luz pública precisamente por las denuncias de los medios de comunicación, veedurías ciudadanas y ONG, y que gracias a ellas las autoridades competentes han iniciado las correspondientes investigaciones. Sobre todo, invisibiliza el asesinato de cientos de líderes sociales precisamente por hablar en nombre de sus comunidades para defender los bienes públicos.

El presidente Duque, unos días después de la aprobación del artículo en cuestión, rechazó cualquiner intento por restringir la libertad de expresión en Colombia. Ahora falta ver utilizar su facultad de objetar leyes cuando van en contra de la Constitución, o si debemos esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie.

En la misma dirección, la Fiscalía General de la Nación ordenó un allanamiento a Noticias Uno y conminó al noticiero a entregar archivos para identificar a quienes hace ocho años entregaron información relevante para hacer público un hecho de corrupción. Nuevamente, esto es una amenaza a la libertad de expresión y otro ejemplo de la judicialización de los medios de comunicación —como viene sucediendo con los opositores políticos— para acallarlos. Y la cereza del pastel la puso hace unos días el propio fiscal al afirmar que “siempre hay que encontrar un delincuente parapetado” detrás de quienes critican a la Fiscalía.

Estos hechos evidencian la resistencia de las actuales mayorías parlamentarias y de la Fiscalía a ponerle freno a la rampante corrupción en Colombia y a respetar derechos fundamentales de los ciudadanos. Y lo que es aún más preocupante, confirman que están tomando fuerza el talante autoritario de servidores públicos y los riesgos que enfrentan la democracia y el Estado social de derecho en Colombia.