El primer año de la presidencia de Gustavo Petro ha mostrado las dificultades que implica hacer el tránsito entre ser oposición y ser gobierno.
Cuando se está en la oposición, el objetivo es hacer control político al gobierno, criticar las decisiones y las políticas con las que no se está de acuerdo porque se consideran inadecuadas, denunciar irregularidades, actuaciones ilegales e incluso criminales, entre otras. Así lo hizo el hoy presidente Petro desde el Congreso de la República. Como congresista se destacó por sus debates sobre temas políticos, sociales y económicos, y por las profundas investigaciones que realizó sobre el paramilitarismo y la corrupción. Todo esto se tradujo en que varias veces fue elegido, tanto por sus colegas como por los medios de comunicación, el mejor congresista.
Cuando se es gobierno, la principal responsabilidad de los gobernantes es tomar decisiones responsables —ajustadas a la Constitución y las leyes, que atiendan necesidades de todos los ciudadanos— y, sobre todo, ejecutarlas. Lograrlo requiere tener coequiperos conocedores de los temas que están bajo su responsabilidad. Con frecuencia, el costo del aprendizaje de personas sin experiencia resulta muy alto y dificulta la gobernabilidad. Tanto el presidente chileno, Gabriel Boric, como el presidente Petro han pagado un alto precio con algunos de los nombramientos de personas más por afinidades ideológicas que por su formación y experiencia, incluso personas provenientes de actividades y sectores profesionales poco relacionados con sus nuevas responsabilidades o sin conocimiento administrativo ni del manejo de los asuntos públicos. El proceso de aprendizaje es largo y puede convertirse en un obstáculo para obtener los resultados esperados.
Cuando se es gobierno no se debe incurrir en prácticas que se criticaron, con razón, cuando se estaba en la oposición. Por ejemplo, nombrar a personas en cargos públicos a cambio de obtener el apoyo de algún sector político para sacar adelante proyectos en el Congreso, ajustar los requisitos para ocupar determinado cargo a la medida del aspirante, devolver favores a financiadores de la campaña con contratos en el Estado o incumplir promesas electorales, como no privilegiar a quienes hacen parte de la carrera diplomática para ocupar cargos que son de su competencia y para los cuales se vienen preparando de tiempo atrás.
Cuando se es gobierno se debe respetar la institucionalidad y el Estado de derecho. La participación ciudadana es inherente a la democracia, pero no sustituye los mecanismos e instancias expresamente facultados para tomar decisiones, como las del Congreso para aprobar o negar leyes o actos legislativos. Las movilizaciones ciudadanas promovidas por el presidente para presionar al Congreso a que vote por sus proyectos y, de paso, favorecer “sutilmente” a un candidato afín merecen ser analizadas con precaución.
Cuando se es gobierno no solo se gobierna para quienes votaron por un proyecto político determinado, sino para todo el país. Por eso, los grandes acuerdos se construyen entre quienes están con el gobierno y también con los que ejercen el derecho a la oposición y quienes quieren aportar a los debates públicos con sus ideas y propuestas.
