Elefantes fantasmas y financiación

Cada cierto tiempo, cuando se habla de la financiación ilegal de las campañas, aparecen unos elefantes que tienen el don de no dejarse ver. O por lo menos eso dicen quienes los tuvieron cerca. Los responsables de estos temas, candidatos, directores de los partidos que se supone están debidamente informados sobre lo que sucede en sus campañas, gerentes que tienen la responsabilidad de manejar los recursos, autoridades judiciales y electorales encargadas de vigilar, investigar y si es del caso sancionar a quienes violan las normas de financiación, con frecuencia aducen que no conocieron los hechos. Son ciegos, sordos y mudos, como dice la canción de Shakira. El proceso 8.000 en 1994, pasando por las denuncias de Aida Merlano sobre el entramado de compra de votos en la costa Caribe y, más recientemente, lo que se ha conocido sobre el ingreso de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2014 de Óscar Iván Zuluaga, exministro y candidato presidencial del Centro Democrático, son solo algunos ejemplos.

Mientras todo esto sucede “a sus espaldas”, dineros provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilegales, de personas que a cambio de financiar candidatos reciben contratos que superan holgadamente lo aportado y luego puestos para sus socios, familiares y amigos, la financiación de campañas sigue siendo un disparador de la corrupción. No obstante, en el Congreso no avanzan los proyectos de reforma política, de los partidos y de la institucionalidad electoral que pretenden subsanar estos problemas y evitar que se repitan.

El caso de Zuluaga ilustra esto. Comencemos por las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien repetidamente lo había defendido, al igual que miembros de su bancada, aduciendo que no había pruebas y que todo era un montaje de la oposición. Hace apenas unos días, afirmó que le había preguntado al entonces candidato si las acusaciones eran ciertas, lo cual este último, por supuesto, negó. ¿Era una prueba suficiente para no indagar más a fondo? Los hechos demuestran que no. Como si fuera poco, contrario a lo que ha afirmado el expresidente Duque, el fiscal que lleva el caso afirmó que él sí estuvo presente en una reunión con miembros de esa empresa en Brasil.

En cuanto al accionar de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE), se repite una historia ya conocida: delitos que salen a la luz pública gracias a los medios de comunicación y evidencian la lentitud de la justicia para actuar; acusaciones de presuntos pactos de silencio de miembros del CNE, el registrador y el defensor del Pueblo actuales para no avanzar o archivar investigaciones; la muerte, para algunos aún no suficientemente esclarecida de dos miembros de la familia Pizano que tenían información relevante. Pero no pasaba nada.

Reformar la institucionalidad y el sistema electoral, el de financiamiento y de partidos, entre otros aspectos, no da espera. Mientras subsista el maridaje perverso que se genera en la elección de los miembros del CNE por los congresistas —lo que ha minado su independencia— y no se fortalezca financiera, administrativa y tecnológicamente esta entidad para ejercer sus funciones de forma eficaz y eficiente, vamos a seguir presenciando cómo el narcotráfico y la corrupción permean campañas electorales y que los elefantes sigan tranquilos sin que los vean.