A escasos cuatro meses de las elecciones parlamentarias y seis para elegir al presidente, es hora de que los partidos, los candidatos, el Gobierno, las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio libre del derecho a elegir y ser elegidos asuman a fondo sus responsabilidades. Esto también nos compete a las y los ciudadanos, quienes finalmente somos los que vamos a elegir a nuestros gobernantes.
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No obstante, el panorama no parece fácil. Hay varios nubarrones que presagian tormentas: la violencia que no cesa de cobrar vidas de personas inocentes, de militares, líderes y lideresas sociales, amenazas y atentados contra funcionarios y aspirantes a cargos públicos, secuestros, extorsiones, para mencionar solo algunos. A esto se suman las presiones de grupos armados y la instrumentalización de los habitantes de poblaciones vulnerables.
No obstante, los partidos políticos y muchos de sus candidatos y seguidores también tienen una gran responsabilidad en este panorama. Los discursos incendiarios, las noticias falsas, las peleas internas y personalismos que privilegian los intereses individuales sobre los colectivos y que no atienden las necesidades y expectativas de amplios sectores de millones de colombianos poco le aportan al país. Por el contrario, refuerzan el desinterés y la desconfianza en la política y los políticos.
En lo que respecta al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro y sus colaboradores, sus actuaciones, mensajes y omisiones, son con frecuencia inoportunas, provocadoras e irresponsables. El ego se ha apoderado de muchos de ellos, olvidando que han sido elegidos y que ejercen cargos públicos para gobernar a todos los colombianos, y no solamente para sus seguidores políticos. El incumplimiento de normas y de leyes. Por ejemplo, las que prohíben participar en política, como apoyar candidatos afines, o atacar y descalificar a los que son de la oposición. O firmar multimillonarios contratos a pocos días de la entrada vigencia la Ley de Garantías que, en términos generales, prohíbe a gobernantes nacionales y locales celebrar contratos para ejecutar recursos públicos los cuatro meses antes cualquier elección. Lo que tanto criticaba el jefe de Estado como senador y candidato, se repite sin vergüenza alguna. Esto para no hablar del manejo que muchos califican de irresponsable del presidente de las relaciones exteriores, sin medir sus consecuencias, o anteponiendo su ego sobre los intereses del país.
Y por supuesto, los ciudadanos tenemos el deber ético y moral de actuar responsablemente. Con nuestro voto podemos dignificar la política y el ejercicio del poder. Este es un objetivo que no da espera. Debemos hacer un llamado a las y los ciudadanos para que voten a conciencia, para establecer canales de diálogo aun con personas que piensan diferente, así nos cueste trabajo e incluso nos incomode. Debemos contribuir a construir, o mejor a reconstruir confianza que se ha debilitado. Para esto es necesario que se materialicen alianzas políticas que dejen atrás la politiquería, la agresividad, los insultos y le presenten al país propuestas viables, conducentes a enfrentar los graves problemas que enfrenta el país sin populismos ni promesas falsas.
Lo que está en juego es el rumbo de la democracia en Colombia. Protegerla no da espera. Y eso solo se logra ejercemos una ciudadanía activa y responsable.
