Seguramente a muchos lectores esta frase no solamente no les dice nada, sino que la pueden considerar ofensiva. Para refrescar la memoria de los más jóvenes, “Es la economía, estúpido” fue el eslogan utilizado en 1992 por el entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, Bill Clinton, para resaltar la importancia de la economía para su país. Fue así como este se convirtió en el tema central de las elecciones y, según muchos analistas, lo que acabó por darle la victoria sobre su contendor, George Bush.
A un año de las elecciones presidenciales en Colombia, dos temas parecen disputarse el primer lugar en la agenda pública y en las prioridades de campaña de los aspirantes: la consolidación de la paz y la lucha contra la corrupción. Resulta bastante ilógico, por decir lo menos, que estos dos asuntos, estrechamente relacionados entre sí y fundamentales para la sostenibilidad de la democracia y para garantizar un sistema electoral pluralista y equitativo, en lugar de unir a los colombianos, sean fuente de división y de confrontaciones que en ocasiones parecieran obedecer más a intereses puramente electorales que a programas de gobierno de largo plazo.
Es difícil imaginar un momento más complejo y crítico para el país que el que estamos viviendo. Por un lado, la corrupción parece haber alcanzado niveles inimaginables —aun cuando ya en el pasado se había dicho esto— con la complicidad de empresarios y partidos políticos e involucrando a todas las esferas del poder político y económico, tanto a nivel nacional como regional. Además, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones, contribuyendo a la apatía y al desencanto de los ciudadanos con la política.
Por otro lado, la polarización política que se evidenció durante el proceso de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc no ha cedido, y se corre el riesgo de que se traslade, aún con más fuerza, a la arena electoral, generando nuevas fuentes de violencia y de confrontación. Por supuesto que es inaplazable emprender una lucha frontal y decidida contra la corrupción. Pero esto no se puede hacer a partir del desconocimiento de los avances logrados en el proceso de implementación de los acuerdos de los inmensos retos que esto conlleva.
Los ciudadanos debemos exigir que el debate electoral no se convierta en un nuevo campo de batalla a partir de falsos dilemas. El problema no es paz o corrupción. Lo que debe primar es el propósito de contribuir a la consolidación de la paz y generar las condiciones para recuperar la política, para blindarla de quienes a costa de ella se apropian de los bienes y recursos públicos. Todo esto debe desarrollarse en un contexto de transparencia y respeto, sin acudir a las “verdades absolutas” que cercenan las posibilidades de un debate civilizado. Y que se convierten en un caldo de cultivo para discursos y liderazgos populistas, de derecha o de izquierda, que acaban por socavar aun más la institucionalidad.
Seguramente a muchos lectores esta frase no solamente no les dice nada, sino que la pueden considerar ofensiva. Para refrescar la memoria de los más jóvenes, “Es la economía, estúpido” fue el eslogan utilizado en 1992 por el entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, Bill Clinton, para resaltar la importancia de la economía para su país. Fue así como este se convirtió en el tema central de las elecciones y, según muchos analistas, lo que acabó por darle la victoria sobre su contendor, George Bush.
A un año de las elecciones presidenciales en Colombia, dos temas parecen disputarse el primer lugar en la agenda pública y en las prioridades de campaña de los aspirantes: la consolidación de la paz y la lucha contra la corrupción. Resulta bastante ilógico, por decir lo menos, que estos dos asuntos, estrechamente relacionados entre sí y fundamentales para la sostenibilidad de la democracia y para garantizar un sistema electoral pluralista y equitativo, en lugar de unir a los colombianos, sean fuente de división y de confrontaciones que en ocasiones parecieran obedecer más a intereses puramente electorales que a programas de gobierno de largo plazo.
Es difícil imaginar un momento más complejo y crítico para el país que el que estamos viviendo. Por un lado, la corrupción parece haber alcanzado niveles inimaginables —aun cuando ya en el pasado se había dicho esto— con la complicidad de empresarios y partidos políticos e involucrando a todas las esferas del poder político y económico, tanto a nivel nacional como regional. Además, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones, contribuyendo a la apatía y al desencanto de los ciudadanos con la política.
Por otro lado, la polarización política que se evidenció durante el proceso de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc no ha cedido, y se corre el riesgo de que se traslade, aún con más fuerza, a la arena electoral, generando nuevas fuentes de violencia y de confrontación. Por supuesto que es inaplazable emprender una lucha frontal y decidida contra la corrupción. Pero esto no se puede hacer a partir del desconocimiento de los avances logrados en el proceso de implementación de los acuerdos de los inmensos retos que esto conlleva.
Los ciudadanos debemos exigir que el debate electoral no se convierta en un nuevo campo de batalla a partir de falsos dilemas. El problema no es paz o corrupción. Lo que debe primar es el propósito de contribuir a la consolidación de la paz y generar las condiciones para recuperar la política, para blindarla de quienes a costa de ella se apropian de los bienes y recursos públicos. Todo esto debe desarrollarse en un contexto de transparencia y respeto, sin acudir a las “verdades absolutas” que cercenan las posibilidades de un debate civilizado. Y que se convierten en un caldo de cultivo para discursos y liderazgos populistas, de derecha o de izquierda, que acaban por socavar aun más la institucionalidad.