La responsabilidad social empresarial y corporativa (RS) y la filantropía son conceptos que se refieren a acciones y prácticas voluntarias de las empresas para que sus negocios y actividades tengan un impacto positivo en su interior, en su entorno, en la sociedad y en sus relaciones con los consumidores y otros actores. En Colombia, muchas empresas y corporaciones han desarrollado proyectos de RS que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de muchas comunidades en temas tan importantes como la sostenibilidad ambiental, saneamiento y agua potable, mejoramiento y construcción de viviendas de interés social, infraestructura, educación, salud, centros y actividades culturales, y proyectos productivos en zonas de posconflicto, para mencionar solo algunos.
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Todas estas actividades tienen un impacto social y económico relevante. Incluso, en ocasiones suplen la débil o nula presencia del Estado o la mala prestación de determinados servicios. No obstante, hay una arista que no suele estar presente en los programas de RS. Es lo que llamaría la responsabilidad política empresarial, entendida como la responsabilidad con la democracia, sus instituciones, valores y principios. Posiblemente la reticencia, e incluso resistencia, a abordarla desde esta perspectiva, que antes que ser excluyente es pertinente y complementaria, se debe al desprestigio de los políticos, los partidos, la política en general y la creciente desconfianza de los ciudadanos en sus gobernantes y sus instituciones. Y al temor a ser identificados con ellos o con una u otra corriente partidista.
Cuando en todo el mundo se habla de la crisis de la democracia, de su fragilidad y de los riesgos que ello conlleva, es fundamental que todos aunemos esfuerzos para fortalecerla y protegerla de quienes desde diferentes ámbitos buscan debilitarla. Cuando vemos que en países como Venezuela, Honduras y Bolivia la separación de poderes se hace cada vez más invisible y el Ejecutivo pretende controlar la justicia y el Congreso. Cuando los intereses partidistas interfieren en las decisiones judiciales, como sucedió recientemente en el juicio al presidente Donald Trump. Cuando los gobiernos o servidores públicos permiten, cohonestan o promueven interceptaciones telefónicas ilegales. Cuando funcionarios públicos que hacen parte de la “bodega uribista” presuntamente promueven campañas de desprestigio a través de redes sociales contra medios de comunicación, periodistas, magistrados y dirigentes de la oposición, como lo denunció recientemente la Liga Contra el Silencio. Cuando Colombia ocupa el deshonroso lugar de ser uno de los diez países más desiguales del mundo. Cuando todos los días asesinan líderes sociales y defensores de derechos humanos, como viene sucediendo en nuestro país.
Cuando todo esto y mucho más sucede, el sector privado, entre muchos otros, debe jugar un rol más proactivo en defensa de la democracia. Esto pasa por recuperar la pe mayúscula para la Política. Una forma de hacerlo es comenzar a construir colectivamente el concepto y la práctica de una responsabilidad política empresarial.
