¿Está perdida la batalla contra la corrupción?


Si los otros lo hacen, por qué yo no; roba pero hace, en todos los gobiernos ha habido corrupción, “la corrupción en sus justas proporciones”, frase emblemática del expresidente Julio César Turbay Ayala, son expresiones que con frecuencia se utilizan para justificar o minimizar la responsabilidad de los corruptos.

Fue precisamente por haber destapado durante su paso por el Congreso de la República algunos de los perores escándalos de corrupción de las últimas décadas y por haber asumido el compromiso de luchar contra este flagelo durante su gobierno lo que llevó a muchos ciudadanos a votar por el presidente Gustavo Petro. Fue parte de las promesas conducentes a cambiar la forma de gobernar y de hacer política. No obstante, los hechos muestran que este propósito, como ya ha sucedido, es una quimera.

Desde el comienzo de su mandato, hace dos años, son numerosos los escándalos de corrupción destapados y develan que poco ha cambiado. Unos presuntamente involucran a ciertos familiares, otros a personas de su más cercano entorno político y algunos a funcionarios nombrados por él. Es cierto que el presidente no ha sido mencionado como partícipe en alguno de estos sucesos, pero eso no lo exime de responsabilidad política.

Es posible pero difícil imaginar que no vio el elefante que se le estaba entrando a la casa o que sus más cercanos asesores no lo hayan alertado. Sin embargo, aun si fuera así, él es el jefe de Estado y no puede subestimar información y denuncias poco rebatibles. Como excongresista y exalcalde, conoce las prácticas de favorecimientos que de tiempo atrás se utilizan para que aprueben los proyectos del gobierno. ¿No intuyó que algo similar podía estar pasando con sus propuestas, teniendo en cuenta el mapa político en el que no tiene garantizadas las mayorías y no les advirtió a sus funcionarios que en su gobierno eso tenía que cambiar? Preguntas ilusas, dirán muchos, pero que ameritan respuestas.

Además del impacto que esto tiene en la gobernabilidad y en el propio gobierno, arrastra efectos sobre el proyecto de izquierda, progresista y del cambio que lo llevó al poder. No solo el Pacto Histórico, también el Partido Verde y otros independientes han perdido credibilidad porque su discurso de la transparencia, la renovación en el quehacer de la política y la lucha contra la corrupción está seriamente cuestionado por el accionar de varios de sus militantes y colaboradores. El costo político para el gobierno es muy alto y puede aumentar si no actúa con fortaleza, caiga quien tenga que caer.

El “Balance anticorrupción 2022-2024: una promesa que parece defraudada”, de Transparencia por Colombia, identifica 57 acciones anticorrupción. Sin embargo, considera que son insuficientes ante la complejidad del problema, desarticuladas y carentes de una mirada estratégica. A esto se suma que los “escándalos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno hacen que pierdan impacto y afectan la confianza ciudadana”. Este panorama requiere dejar de lado la estigmatización de los medios de comunicación, de los veedores ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado estos hechos y proteger a los denunciantes. Pero sobre todo acciones contundentes y mucha voluntad política.