La pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado y en otros actores como los partidos políticos, los empresarios, los medios de comunicación y sus líderes es muy preocupante. Uno de los factores de mayor incidencia en este fenómeno, que puede ayudar a entender las causas del incremento de la desconfianza de los colombianos, tiene que ver con las debilidades del Estado de derecho.
El Índice de Estado de Derecho 2020 del World Justice Project ubica a Colombia en el puesto 77 entre 128 países y en el lugar 19 entre 30 de América Latina y el Caribe. Los indicadores más preocupantes son el orden y la seguridad (puesto 119), la corrupción (puesto 95), seguidos por la justicia, derechos fundamentales y límites a los controles al poder gubernamental.
El Poll #137 de Invamer de junio de 2020 corrobora estas cifras. Las Fuerzas Militares y la Policía, la Fiscalía, las altas cortes, el sistema judicial, el Congreso, los partidos políticos y los medios de comunicación mostraron índices de desfavorabilidad más altos que los de favorabilidad. Entre tanto, el 79 % consideró que las cosas en el país están empeorando.
De otra parte, la segunda medición del Barómetro de la Reconciliación en Colombia del Programa de Alianzas para la Reconciliación encontró que el 83 % de los encuestados confían poco o nada en los empresarios del país y que su imagen desfavorable fue superior a la favorable. En la misma dirección, una encuesta de Reconciliación Colombia y el Centro Nacional de Consultoría reveló que el 78 % de los encuestados consideran que en el mundo empresarial hay mucha corrupción y el 48 % piensa que los empresarios suelen incumplir las normas.
Todos estos datos deben prender las alarmas. Por un lado, muestran una institucionalidad frágil y su legitimidad en riesgo. Esto no solamente afecta al sector público, sino a sectores y actores que, como los empresarios y los medios de comunicación, tradicionalmente han contado con la confianza y el respaldo de los ciudadanos.
Por el otro, abren de par en par las puertas a propuestas populistas ubicadas en los extremos del espectro político, que contribuyen a incrementar la polarización y los liderazgos mesiánicos y personalistas. Cuando en situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, se acentúa el debilitamiento de los pesos y contrapesos entre los poderes públicos y los abusos de poder se pasan por alto; cuando la excepcionalidad se convierte en la normalidad; cuando el ejercicio del control social y la crítica se restringen; cuando la antipolítica se convierte en un eslogan para ganar adeptos, la democracia está en riesgo.
Es el momento de construir proyectos colectivos a partir de consensos y narrativas comunes en torno a temas fundamentales conducentes a la realización plena de los principios, valores y derechos del Estado social de derecho consagrado en nuestra Constitución. Ya Humberto de la Calle dio un primer paso en esta dirección cuando, en su columna en El Espectador, habló de la urgencia de conformar una coalición de centroizquierda para preservar la democracia e impedir que el Acuerdo de Paz quede convertido en cenizas. Pero esto no será posible si no reconocemos la importancia de recuperar la política y lo público por y para los ciudadanos.
La pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado y en otros actores como los partidos políticos, los empresarios, los medios de comunicación y sus líderes es muy preocupante. Uno de los factores de mayor incidencia en este fenómeno, que puede ayudar a entender las causas del incremento de la desconfianza de los colombianos, tiene que ver con las debilidades del Estado de derecho.
El Índice de Estado de Derecho 2020 del World Justice Project ubica a Colombia en el puesto 77 entre 128 países y en el lugar 19 entre 30 de América Latina y el Caribe. Los indicadores más preocupantes son el orden y la seguridad (puesto 119), la corrupción (puesto 95), seguidos por la justicia, derechos fundamentales y límites a los controles al poder gubernamental.
El Poll #137 de Invamer de junio de 2020 corrobora estas cifras. Las Fuerzas Militares y la Policía, la Fiscalía, las altas cortes, el sistema judicial, el Congreso, los partidos políticos y los medios de comunicación mostraron índices de desfavorabilidad más altos que los de favorabilidad. Entre tanto, el 79 % consideró que las cosas en el país están empeorando.
De otra parte, la segunda medición del Barómetro de la Reconciliación en Colombia del Programa de Alianzas para la Reconciliación encontró que el 83 % de los encuestados confían poco o nada en los empresarios del país y que su imagen desfavorable fue superior a la favorable. En la misma dirección, una encuesta de Reconciliación Colombia y el Centro Nacional de Consultoría reveló que el 78 % de los encuestados consideran que en el mundo empresarial hay mucha corrupción y el 48 % piensa que los empresarios suelen incumplir las normas.
Todos estos datos deben prender las alarmas. Por un lado, muestran una institucionalidad frágil y su legitimidad en riesgo. Esto no solamente afecta al sector público, sino a sectores y actores que, como los empresarios y los medios de comunicación, tradicionalmente han contado con la confianza y el respaldo de los ciudadanos.
Por el otro, abren de par en par las puertas a propuestas populistas ubicadas en los extremos del espectro político, que contribuyen a incrementar la polarización y los liderazgos mesiánicos y personalistas. Cuando en situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, se acentúa el debilitamiento de los pesos y contrapesos entre los poderes públicos y los abusos de poder se pasan por alto; cuando la excepcionalidad se convierte en la normalidad; cuando el ejercicio del control social y la crítica se restringen; cuando la antipolítica se convierte en un eslogan para ganar adeptos, la democracia está en riesgo.
Es el momento de construir proyectos colectivos a partir de consensos y narrativas comunes en torno a temas fundamentales conducentes a la realización plena de los principios, valores y derechos del Estado social de derecho consagrado en nuestra Constitución. Ya Humberto de la Calle dio un primer paso en esta dirección cuando, en su columna en El Espectador, habló de la urgencia de conformar una coalición de centroizquierda para preservar la democracia e impedir que el Acuerdo de Paz quede convertido en cenizas. Pero esto no será posible si no reconocemos la importancia de recuperar la política y lo público por y para los ciudadanos.