El refrán “hecha la ley, hecha la trampa” se puede aplicar a algunas actuaciones, decisiones u omisiones de varios servidores públicos en los últimos meses. En varias columnas me he referido a la decisión de las mayorías del Congreso afines al Gobierno de aprobar la eliminación de la prohibición de realizar convenios interadministrativos contemplada en la Ley de Garantías. Esta reforma fue aprobada con la aquiescencia del ministro de Hacienda, a pesar de las advertencias de que esto era inconstitucional. A renglón seguido, el presidente sancionó la ley, y con ello comenzó la feria de contratos para favorecer a candidatos al Congreso, alcaldes y gobernadores de partidos gobiernistas. Hace apenas unos días, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional y ordenó suspender de inmediato los contratos —además con carácter retroactivo— y la devolución del dinero ya entregado. Según el contralor general de la República, se han suscrito 645.495 contratos por más de $52,3 billones en los 32 departamentos del país y Bogotá.
Algo similar ocurrió con otras leyes. Por ejemplo, la ley de reforma al Código Disciplinario, que le asignó funciones jurisdiccionales a la procuradora general, autora del proyecto. Utilizando esta nueva facultad, suspendió temporalmente, entre otros, a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por su presunta participación en política. Esto lo hizo a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al estudiar el caso de la suspensión de Gustavo Petro por el entonces procurador Ordóñez, llamó la atención al Estado colombiano en el sentido de que la destitución e inhabilitación de un servidor elegido solo puede ser impuesta previa condena en proceso penal y que “la decisión de una autoridad administrativa viola el principio de jurisdiccionalidad”. Varios analistas y abogados han afirmado que esto puede acarrearle sanciones al Estado, la obligación de indemnizar a los afectados, además de afectar la reputación del país a escala internacional por desconocer por segunda vez una decisión de la CorteIDH. Además, esta ley también corre el riesgo de ser declarada inconstitucional, pero ya el daño estará hecho. Entre otras razones, porque se han nombrado numerosos funcionarios de los 1.200 que la misma ley autorizó. Contrasta la celeridad de la procuradora en este caso con su silencio frente a otros, como el presidente Duque y el comandante del Ejército, quienes en varias ocasiones criticaron y atacaron a Gustavo Petro. Esta actuación se explica por la proximidad de las elecciones. Pero eventuales decisiones judiciales contrarias de la CorteIDH serían posteriores a los comicios. Como ella misma afirmó: “Que no se equivoquen conmigo”.
En Colombia, como en muchos otros países, gobernantes y servidores públicos tratan a sus adversarios como enemigos e incluso amenazan con desconocer los resultados electorales si no les son favorables. Con sus acciones u omisiones, ponen en riesgo el Estado de derecho y la misma democracia. Para lograrlo no necesariamente se requiere utilizar las armas. Las democracias también mueren en manos de funcionarios que abusan del poder que les ha sido conferido. Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia.
El refrán “hecha la ley, hecha la trampa” se puede aplicar a algunas actuaciones, decisiones u omisiones de varios servidores públicos en los últimos meses. En varias columnas me he referido a la decisión de las mayorías del Congreso afines al Gobierno de aprobar la eliminación de la prohibición de realizar convenios interadministrativos contemplada en la Ley de Garantías. Esta reforma fue aprobada con la aquiescencia del ministro de Hacienda, a pesar de las advertencias de que esto era inconstitucional. A renglón seguido, el presidente sancionó la ley, y con ello comenzó la feria de contratos para favorecer a candidatos al Congreso, alcaldes y gobernadores de partidos gobiernistas. Hace apenas unos días, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional y ordenó suspender de inmediato los contratos —además con carácter retroactivo— y la devolución del dinero ya entregado. Según el contralor general de la República, se han suscrito 645.495 contratos por más de $52,3 billones en los 32 departamentos del país y Bogotá.
Algo similar ocurrió con otras leyes. Por ejemplo, la ley de reforma al Código Disciplinario, que le asignó funciones jurisdiccionales a la procuradora general, autora del proyecto. Utilizando esta nueva facultad, suspendió temporalmente, entre otros, a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por su presunta participación en política. Esto lo hizo a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al estudiar el caso de la suspensión de Gustavo Petro por el entonces procurador Ordóñez, llamó la atención al Estado colombiano en el sentido de que la destitución e inhabilitación de un servidor elegido solo puede ser impuesta previa condena en proceso penal y que “la decisión de una autoridad administrativa viola el principio de jurisdiccionalidad”. Varios analistas y abogados han afirmado que esto puede acarrearle sanciones al Estado, la obligación de indemnizar a los afectados, además de afectar la reputación del país a escala internacional por desconocer por segunda vez una decisión de la CorteIDH. Además, esta ley también corre el riesgo de ser declarada inconstitucional, pero ya el daño estará hecho. Entre otras razones, porque se han nombrado numerosos funcionarios de los 1.200 que la misma ley autorizó. Contrasta la celeridad de la procuradora en este caso con su silencio frente a otros, como el presidente Duque y el comandante del Ejército, quienes en varias ocasiones criticaron y atacaron a Gustavo Petro. Esta actuación se explica por la proximidad de las elecciones. Pero eventuales decisiones judiciales contrarias de la CorteIDH serían posteriores a los comicios. Como ella misma afirmó: “Que no se equivoquen conmigo”.
En Colombia, como en muchos otros países, gobernantes y servidores públicos tratan a sus adversarios como enemigos e incluso amenazan con desconocer los resultados electorales si no les son favorables. Con sus acciones u omisiones, ponen en riesgo el Estado de derecho y la misma democracia. Para lograrlo no necesariamente se requiere utilizar las armas. Las democracias también mueren en manos de funcionarios que abusan del poder que les ha sido conferido. Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia.