Colombia es un país donde a diario ocurren cosas insólitas. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque los protagonistas con frecuencia son altos funcionarios del Estado o porque estos hechos ponen en riesgo la institucionalidad.
Por ejemplo, es insólito lo que ocurrió en las consultas interpartidistas del pasado 11 de marzo. En pleno siglo XXI, muchos colombianos votaron en fotocopias de los tarjetones porque estos se agotaron en varias mesas de votación. Es impredecible lo que hubiera pasado si los resultados de estas elecciones no le hubieran dado un margen de victoria significativa a los candidatos que finalmente fueron electos frente a sus contendores.
También son insatisfactorias, y un tanto insólitas, las explicaciones del registrador nacional cuando, ante la evidencia de enmendaduras en formularios E-14 en la primera vuelta, afirmaba que estas se debieron a errores humanos y no a un fraude electoral. Esto seguramente es cierto, pero no puede seguir sucediendo, porque no es la primera vez que con la tecnología existente no se tomen las medidas necesarias para subsanar estas falencias y precariedades. Cuando estamos a pocas semanas de una trascendental elección presidencial, en medio de un clima de polarización y de miedos como el que estamos viviendo, no se pueden correr riesgos, ni se puede permitir que estos “errores humanos” se conviertan en la excusa para desconocer los resultados electorales.
Pero quizás el premio a los hechos insólitos recientes se lo llevan las declaraciones del fiscal general, en el sentido de que tiene información muy grave sobre un fraude electoral de dimensiones gigantescas, una “corrupción nauseabunda”, en sus palabras, que ocurrió en los comicios legislativos del pasado mes de marzo. A renglón seguido afirmó que no haría públicas las investigaciones hasta después de la segunda vuelta presidencial. La justificación que dio fue evitar que lo acusaran de estar interviniendo en política. ¿Acaso no es intervenir en Política –esta sí con P mayúscula– hacer semejante denuncia, que pone en evidencia y confirma las debilidades de la organización electoral y su incapacidad de vigilar eficazmente las elecciones y de blindarlas de prácticas como las que sucedieron en Barranquilla y seguramente en otras ciudades y regiones del país? ¿O no lo es impedir que los colombianos conozcamos si alguno o algunos de los partidos que están apoyando a uno de los dos candidatos que ocupará la Presidencia de la República los próximos cuatro años están inmersos en esos hechos? ¿O que parlamentarios electos que han adherido a alguna de estas campañas están involucrados en estas organizaciones y actuaciones criminales, como las llamó el fiscal?
Estas no pasarían de ser situaciones desafortunadas si la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y las autoridades encargadas de garantizar el derecho al voto no estuvieran de por medio. Por eso llama la atención que entre las propuestas de los candidatos, la reforma política que aboque los problemas de nuestro sistema electoral, incluyendo a la organización electoral, la financiación de las campañas y los delitos contra el sufragio, entre otros, haya sido un tema que escasamente se mencionó.
* Miembro de La Paz Querida.
