Las veedurías ciudadanas son un mecanismo democrático de participación y representación mediante el cual ciudadanos y organizaciones ejercen vigilancia sobre la gestión y los funcionarios públicos del nivel nacional, regional o local, entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, encargadas de ejecutar programas, proyectos, contratos o prestación de servicios públicos. Es decir, sobre personas o entidades que utilizan o tienen incidencia en el manejo de recursos públicos. Sus funciones, derechos y obligaciones están establecidos en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994.
Recientemente se conocieron dos casos sobre los abusos y actuaciones ilegales de dos veedores. Uno fue el de Abelardo Enrique Morelo Lorduy, quien fue encontrado responsable del delito de estafa agravada por la falsificación de documentos de notarías de Montería para realizar ventas de inmuebles y muebles. Otro, más reciente, el de Henry Anaya, de la Veeduría Ciudadana Bien Común, quien fue denunciado penalmente en la Fiscalía por la empresa INDRA, que estaba participando en una licitación para la digitalización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y quien fue conminado a rectificar públicamente por falsas denuncias que hizo y reconocer que nunca verificó las afirmaciones que hizo públicamente y declaraciones ante el Consejo de Estado. En estos, como en otros casos, el rol de los medios de comunicación ha sido muy importante en las denuncia de estos hechos y para alertar a la ciudadanía sobre los mismos.
Sin embargo, esto no puede soslayar la importancia de las veedurías. Son muchísimas más las que han permitido que las autoridades y la ciudadanía conozcan los hechos de corrupción, lo cual no solamente ha evitado que estos se materialicen, sino que ha llevado a que los responsables fueran sancionados. Además, son un mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la protección y el uso de bienes, servicios y dineros públicos, lo cual genera un sentido de pertenencia y de responsabilidad en relación con los intereses colectivos.
Ser veedor se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Colombia. Muchos han sido amenazados, han tenido que salir de su ciudad o municipio, e incluso han sido asesinados. Por eso se deben extremar las medidas para protegerlos y para facilitar su labor. Impedir u obstaculizar la labor de quienes hacen control ciudadano no solamente es hacerles un favor a los corruptos, sino desconocer el derecho a la participación ciudadana en el cuidado de lo público. Por el accionar de unos pocos, no pueden pagar justos por pecadores.
Las veedurías ciudadanas son un mecanismo democrático de participación y representación mediante el cual ciudadanos y organizaciones ejercen vigilancia sobre la gestión y los funcionarios públicos del nivel nacional, regional o local, entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, encargadas de ejecutar programas, proyectos, contratos o prestación de servicios públicos. Es decir, sobre personas o entidades que utilizan o tienen incidencia en el manejo de recursos públicos. Sus funciones, derechos y obligaciones están establecidos en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994.
Recientemente se conocieron dos casos sobre los abusos y actuaciones ilegales de dos veedores. Uno fue el de Abelardo Enrique Morelo Lorduy, quien fue encontrado responsable del delito de estafa agravada por la falsificación de documentos de notarías de Montería para realizar ventas de inmuebles y muebles. Otro, más reciente, el de Henry Anaya, de la Veeduría Ciudadana Bien Común, quien fue denunciado penalmente en la Fiscalía por la empresa INDRA, que estaba participando en una licitación para la digitalización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y quien fue conminado a rectificar públicamente por falsas denuncias que hizo y reconocer que nunca verificó las afirmaciones que hizo públicamente y declaraciones ante el Consejo de Estado. En estos, como en otros casos, el rol de los medios de comunicación ha sido muy importante en las denuncia de estos hechos y para alertar a la ciudadanía sobre los mismos.
Sin embargo, esto no puede soslayar la importancia de las veedurías. Son muchísimas más las que han permitido que las autoridades y la ciudadanía conozcan los hechos de corrupción, lo cual no solamente ha evitado que estos se materialicen, sino que ha llevado a que los responsables fueran sancionados. Además, son un mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la protección y el uso de bienes, servicios y dineros públicos, lo cual genera un sentido de pertenencia y de responsabilidad en relación con los intereses colectivos.
Ser veedor se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Colombia. Muchos han sido amenazados, han tenido que salir de su ciudad o municipio, e incluso han sido asesinados. Por eso se deben extremar las medidas para protegerlos y para facilitar su labor. Impedir u obstaculizar la labor de quienes hacen control ciudadano no solamente es hacerles un favor a los corruptos, sino desconocer el derecho a la participación ciudadana en el cuidado de lo público. Por el accionar de unos pocos, no pueden pagar justos por pecadores.