La corrupción y la politiquería siguen ahí

EL PANORAMA ELECTORAL QUE EStamos enfrentando hoy los colombianos —a menos de tres semanas de las elecciones para Congreso— sería totalmente diferente si los “golpes de pecho” que se están dando hoy varios funcionarios del Gobierno se los hubieran dado hace varios meses.

Han pasado cuatro años desde que se eligió a uno de los congresos más cuestionados de la historia del país, con cerca de una tercera parte de sus miembros investigados o condenados por vínculos con actores armados. Pero poco o nada se hizo en este período para evitar que personas relacionadas con esos grupos y con sectores vinculados a la ilegalidad, algunos reciclados y otros disfrazados con nuevos ropajes, pudieran aspirar al parlamento o estén apoyando con sus maquinarias y con millonarias sumas de dinero a candidatos de varios partidos y movimientos.

En el último cuatrienio fueron bastante tenues las voces de repudio y las acciones concretas por parte del Gobierno y de sus mayorías parlamentarias contra quienes accedieron al poder de manera ilegal o ilegítima. Durante este período hubo dos intentos de reforma política para introducir cambios en el sistema electoral y de partidos, y para sancionar legal y políticamente a partidos, movimientos y candidatos que participaran o permitieran actividades que atentaran contra el libre ejercicio del sufragio. La primera, se hundió en 2007 en el séptimo debate, luego de que el Gobierno instruyera a los miembros de su coalición no aprobar los artículos que contemplaban las sanciones más drásticas, como por ejemplo la “silla vacía”.  Y la segunda, fue aprobada en 2009, pero con medidas sancionatorias muy débiles. A pesar de contar con amplio apoyo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en ambos casos fue evidente la falta de voluntad política del Presidente y de su Ministro del Interior, tan acuciosos en lograr que sus proyectos salieran airosos en otras ocasiones, para sacar adelante estas reformas.

En medio de este preocupante panorama, tanto el Registrador Nacional, como el Presidente del Consejo Nacional Electoral, han llamado la atención sobre la falta de recursos para mejorar y ampliar sus funciones de vigilancia y sanción. Por ejemplo, este último organismo sólo ha podido conformar Tribunales Electorales en 21 de los 32 departamentos del país, y en estos casos, sólo en las capitales. Es decir que en el 35% de los departamentos, por falta de recursos, no habrá Tribunales, aparentemente porque el Ministerio de Hacienda no ha girado los fondos necesarios.

Mientras esto sucede, organizaciones  como la Misión de Observación Electoral, organismos del Estado como el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación, y la mayoría de los medios de comunicación, llaman la atención sobre los evidentes riesgos que rodean los comicios del 14 de marzo. Si aún quedaba alguna duda, todo esto confirma que en los últimos cuatro años no se tomaron medidas de fondo para evitar que la historia se repitiera. La corrupción y la politiquería siguen ahí, mientras que quienes se comprometieron a erradicarla están buscando su reelección. Ya es hora de que los ciudadanos rechacen a quienes no han cumplido sus promesas electorales.