En las últimas semanas los colombianos hemos escuchado a funcionarios públicos profiriendo insultos contra sus opositores. Esto no solamente desdice de su dignidad, sino que afecta la de los cargos que detentan. El presidente Gustavo Petro lo hizo contra el senador Efraín Cepeda, acusándolo de ser un “HP” porque no apoyaba los proyectos de su Gobierno. Al hacerlo, tanto el ministro del Interior Armando Benedetti como otros miembros del Gobierno lo acompañaron con una carcajada. Esto no solo es un comportamiento inaceptable en cualquier circunstancia y lugar, sino una afrenta contra el presidente del Congreso y los congresistas.
Así mismo, como ya es su costumbre, viene arremetiendo sistemáticamente contra la prensa, los medios de comunicación, los empresarios y contra las cortes, con lo que pretende deslegitimar sus decisiones y quizás culpabilizarlos de los fracasos y falencias de su Gobierno, y como una manera de distraer la atención de la ciudadanía de los numerosos presuntos hechos de corrupción que han salido a la luz desde que asumió la Presidencia. Con estos ataques también traspasa los límites de la dignidad que debe tener un jefe de Estado, quien dice estar defendiendo la democracia y al pueblo pero que, por el contrario, con sus actuaciones y discursos incrementa la creciente y descontrolada violencia física y verbal entre contrarios y la polarización, las cuales pueden convertirse en un factor para debilitarla.
Hace varios meses, en una de mis columnas mencioné lo que plantean los profesores de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniem Ziblatt en el libro Cómo mueren las democracias, publicado en 2018. Ya entonces llamaban la atención sobre el hecho de que los políticos trataban a sus rivales de enemigos, intimidaban a la prensa, amenazaban con desconocer los resultados electorales y desprestigiaban a las cortes y a los organismos de control. Hoy, cinco años después, esta tendencia se ha expandido alrededor del mundo. Y como un presagio, advertían que muchos países están en riesgo de dejar de ser laboratorios de la democracia para ser laboratorios del autoritarismo. No mediante golpes de Estado, sino de mecanismos “legales”, incluso algunos de ellos pensados para fortalecer y proteger la democracia.
La consulta popular convocada por el presidente Petro puede ser un ejemplo de esto. Este es un mecanismo establecido en la Constitución como una forma de democracia participativa que le permite a los ciudadanos expresarse sobre temas específicos. Las condiciones para llevarla a cabo están claramente establecidas. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que se abuse de ellas para beneficio personal o con determinados fines políticos. Por ejemplo, a pesar de no haber sido entregado al Senado el texto de las preguntas, el jefe de Estado y sus funcionarios ya han desplegado una masiva campaña para que sean aprobadas.
Claro que la democracia cuesta, pero sería importante que se le dijera al país de dónde salen estos recursos en momentos en los que la situación financiera es muy precaria, y si esto implica sacrificar otros frentes. Y, sobre todo, que el presunto “lapsus” del ministro Benedetti, en el sentido de que comenzó la mini campaña de presidente, sea un preludio de lo que muchos temen: que busque su reelección, cueste lo que cueste. Esto está constitucionalmente prohibido, y de intentarlo o incluso de amenazar con hacerlo podríamos estar acariciando una ruptura democrática.
