Una de las prioridades del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico, así como de otros congresistas, es la reforma política. Con este propósito ya se han presentado varios proyectos y aún faltan algunos. El énfasis y las prioridades de los que ya se conocen varían en su contenido y alcances. Algunos priorizan las reformas a la arquitectura institucional de la organización electoral, argumentando que se requiere una institucionalidad fuerte, eficaz, eficiente, transparente, independiente y que garantice el derecho a elegir y ser elegido, para que otras reformas igualmente necesarias, como por ejemplo al sistema electoral y de partidos, la financiación de campañas y el mismo Código Electoral, tengan el soporte necesario para implementarse. Otros, como el del Gobierno, han optado por proyectos que incluyen varios de estos temas.
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De cualquier manera, en la coyuntura actual, la reforma política es inaplazable. Algunas cifras del Barómetro de las Américas 2021 lo comprueban. Por ejemplo, mientras el apoyo a la democracia en los 20 países de la región analizados ha aumentado levemente en los últimos dos años, pasando del 58 % al 61 %, en Colombia este ha disminuido 7 %, pasando del 60 % al 53 %, el nivel más bajo desde que se inició la medición hace 17 años. Algo similar ocurre con la satisfacción con la democracia. Mientras en la región pasó del 39 al 46 %, en Colombia pasó del 29 al 26 %. En cuanto al porcentaje de confianza en las elecciones, en Colombia este es de apenas el 22 %, lo que nos ubica en el último lugar. Esta desconfianza se traduce, entre otros, en la percepción de la mayoría de colombianos de que el voto no es secreto y que el conteo de votos no es fiable.
Lo que sucedió en las últimas elecciones legislativas, cuando se presentó una diferencia importante entre el preconteo y el escrutinio de los votos, es un llamado y una alerta que no pueden minimizarse. Esto generó incertidumbre sobre el resultado de los comicios, quedó la sombra de que hubo fraude y puso en riesgo la legitimidad de las elecciones. Todo esto se dio en medio de las críticas al registrador nacional del Estado Civil por la falta de transparencia y las dificultades para acceder a información relevante por parte de partidos políticos, académicos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, la reciente elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral es una demostración más de la necesidad de crear un marco normativo que rompa el círculo vicioso del “yo te elijo y tú me proteges”. Organismos electorales politizados son la antítesis de la independencia que estos requieren.
El Congreso de la República está en mora de cumplir el mandato contenido en el punto dos del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, que ha sido uno de los de menor ejecución y las promesas electorales. Si bien no es posible pretender reformar todo el sistema político y electoral de una vez, los cambios no dan espera para recuperar la credibilidad y devolverles la confianza a los ciudadanos en las elecciones y en la democracia, que enfrenta grandes riesgos y retos. Es una responsabilidad histórica que los congresistas no pueden dilapidar. Sin ella, el cambio prometido será otra frustración difícil de superar.
