Es lamentable que, con excepción de Gustavo Petro, los candidatos presidenciales no hubieran asistido el pasado martes al debate que convocó NiñezYA*. Perdieron una oportunidad muy valiosa de escuchar a niños, niñas y adolescentes de toda Colombia y de conocer sus expectativas, su visión sobre el país y los problemas que los afectan.
No es del caso tratar de dilucidar las razones que tuvieron los aspirantes para no hacerlo. Despreciaron la oportunidad de escuchar a un grupo de los 15,5 millones de colombianos menores de 18 años, sobre lo que piensan y sueñan sobre su presente y su futuro. Son ciudadanas y ciudadanos sujetos de derechos políticos, sociales y económicos. Aún no votan, y quizá por eso los candidatos no atendieron el llamado a participar en el debate. Pero tienen el derecho de conocer qué proponen quienes aspiran a gobernarlos en los próximos años y que de primera mano oigan cuáles son sus necesidades; de participar e incidir en la construcción de lo público; de tener condiciones de vida sanas, seguras y dignas; de no ser discriminados por sus condiciones y creencias; de ser reconocidos en su diversidad. Es decir, de ejercer una ciudadanía plena, activa, informada y crítica.
NiñezYA preparó para el debate un documento que entregó a las campañas presidenciales para que la administración 2018-2022 incluya en el Plan Nacional de Desarrollo “los asuntos que no dan espera para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes (…) y consolidar una nación equitativa y sostenible”. Es imposible no sorprenderse y sentir vergüenza con algunas de las cifras que se presentan. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en niños de cero a cinco años ha aumentado; más de la mitad de los hogares colombianos se encuentran en inseguridad alimentaria; la tasa de permanencia escolar en zonas rurales es de 48 %; el 86 % de los exámenes médicos legales por presunto delito sexual se practican en niños; la tasa de violencia sexual contra la niñez ha aumentado, pasando de 4,7 en 2012 a 21,4 (por cada 100.000 habitantes) en 2016 (con un subregistro estimado de 30 %); el 68 % de las familias de zonas rurales con tres o más niños son pobres; que de los 8’270.812 víctimas del conflicto armado 2,4 millones, o 29 %, son menores de 18 años. Y como estas hay muchas más cifras que demuestran que los derechos de la niñez aún son una deuda pendiente e inaplazable.
Enfrentar estos y muchos otros problemas que hoy sufren millones de niños, niñas y adolescentes colombianos es uno de los mayores desafíos del próximo gobierno. Lograr su inclusión social, económica y política para que puedan vivir dignamente y en paz, para que sean reconocidos y valorados, son propósitos éticamente irrenunciables. Y nuestro deber es vigilar que así sea. De lo contrario, no podemos sorprendernos porque los jóvenes no confían en el Estado, no votan y no creen en la democracia.
* NiñezYA es “una iniciativa de 100 organizaciones de la sociedad civil, que se unieron para incidir en el debate electoral (…) y lograr que en el próximo Plan Nacional de 2018-2022 incluya los asuntos que no dan espera para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
