Legislar con triquiñuelas y falsas verdades

Al momento de escribir este artículo aún no había claridad sobre la suerte de las Circunscripciones Especiales de Paz (CEP). Seguramente será la Corte Constitucional la que al final determine si los 50 votos afirmativos constituyen la mayoría requerida o si son 51.

Más allá de la discusión sobre este tema, que por supuesto es importante porque las leyes deben cumplirse, los colombianos debemos preguntarnos qué pasó ese día, y en general durante todo el proceso de discusión de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.

Lo primero que habría que señalar es que muchos de los argumentos de quienes se opusieron al proyecto de las CEP se basaron en afirmaciones falsas o por lo menos no comprobadas. Por ejemplo, que las ex-Farc se iban a tomar estas circunscripciones. ¿Cuáles son las pruebas de que esto iba a suceder? ¿Acaso se hicieron las mismas preguntas cuando grupos ilegales actuaban en muchos de esos territorios y mediante el uso de la fuerza amedrentaron a los ciudadanos para que votaran a favor de sus candidatos? ¿O quieren seguir controlando electoralmente estas zonas, cueste lo que cueste, como sucedió en el 2015? Basta revisar los reportes de ingresos y gastos de las campañas de los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones en varios de los municipios y corregimientos que hoy harían parte de las CEP y de sus zonas de influencia —por ejemplo Apartadó, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Arboletes y Mutatá—, y preguntarse por el origen de esos recursos. O peor aún, ¿creen que las víctimas no tienen la capacidad de defender y hacer respetar los espacios que les fueron asignados para llegar al Congreso y hacer valer sus derechos?

En segundo lugar, al revisar cómo votaron, o dejaron de hacerlo, los senadores que tenían la responsabilidad de debatir la conciliación de la reforma, se evidencia que lo que primó fueron maniobras para entorpecer el proceso. Como era de esperarse, los miembros del Centro Democrático y de Cambio Radical —que hasta hace pocas semanas se benefició de jugosas cuotas burocráticas— en su mayoría se retiraron del recinto, e incluso algunos permanecieron en él pero se hicieron los de vista gorda al momento de las votaciones, transgrediendo el reglamento.

También brillaron por su ausencia tres senadores de la U, cuatro del Partido Conservador (uno con excusa) y tres del Liberal, socios de la coalición de gobierno y por ende beneficiaros de las mieles del poder durante ocho años, como por ejemplo Luis Fernando Velasco, quien por su larga experiencia política debía saber que su voto podía hacer la diferencia. Y por último, siete senadores votaron por el no, entre los que se cuentan la “liberal” Viviane Morales y seis conservadores.

Lo que ha sucedido en los últimos meses no puede pasar inadvertido y ojalá que al momento de votar en las elecciones de 2018 los ciudadanos piensen mejor por quién van a votar para el Congreso. No se trata de que haya unanimismo y que no se puedan expresar opiniones contrarias al Gobierno en el Congreso. Ni más faltaba. Lo que es inaceptable es que se legisle con triquiñuelas y falsas verdades.

* Miembro de La Paz Querida.

Al momento de escribir este artículo aún no había claridad sobre la suerte de las Circunscripciones Especiales de Paz (CEP). Seguramente será la Corte Constitucional la que al final determine si los 50 votos afirmativos constituyen la mayoría requerida o si son 51.

Más allá de la discusión sobre este tema, que por supuesto es importante porque las leyes deben cumplirse, los colombianos debemos preguntarnos qué pasó ese día, y en general durante todo el proceso de discusión de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.

Lo primero que habría que señalar es que muchos de los argumentos de quienes se opusieron al proyecto de las CEP se basaron en afirmaciones falsas o por lo menos no comprobadas. Por ejemplo, que las ex-Farc se iban a tomar estas circunscripciones. ¿Cuáles son las pruebas de que esto iba a suceder? ¿Acaso se hicieron las mismas preguntas cuando grupos ilegales actuaban en muchos de esos territorios y mediante el uso de la fuerza amedrentaron a los ciudadanos para que votaran a favor de sus candidatos? ¿O quieren seguir controlando electoralmente estas zonas, cueste lo que cueste, como sucedió en el 2015? Basta revisar los reportes de ingresos y gastos de las campañas de los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones en varios de los municipios y corregimientos que hoy harían parte de las CEP y de sus zonas de influencia —por ejemplo Apartadó, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Arboletes y Mutatá—, y preguntarse por el origen de esos recursos. O peor aún, ¿creen que las víctimas no tienen la capacidad de defender y hacer respetar los espacios que les fueron asignados para llegar al Congreso y hacer valer sus derechos?

En segundo lugar, al revisar cómo votaron, o dejaron de hacerlo, los senadores que tenían la responsabilidad de debatir la conciliación de la reforma, se evidencia que lo que primó fueron maniobras para entorpecer el proceso. Como era de esperarse, los miembros del Centro Democrático y de Cambio Radical —que hasta hace pocas semanas se benefició de jugosas cuotas burocráticas— en su mayoría se retiraron del recinto, e incluso algunos permanecieron en él pero se hicieron los de vista gorda al momento de las votaciones, transgrediendo el reglamento.

También brillaron por su ausencia tres senadores de la U, cuatro del Partido Conservador (uno con excusa) y tres del Liberal, socios de la coalición de gobierno y por ende beneficiaros de las mieles del poder durante ocho años, como por ejemplo Luis Fernando Velasco, quien por su larga experiencia política debía saber que su voto podía hacer la diferencia. Y por último, siete senadores votaron por el no, entre los que se cuentan la “liberal” Viviane Morales y seis conservadores.

Lo que ha sucedido en los últimos meses no puede pasar inadvertido y ojalá que al momento de votar en las elecciones de 2018 los ciudadanos piensen mejor por quién van a votar para el Congreso. No se trata de que haya unanimismo y que no se puedan expresar opiniones contrarias al Gobierno en el Congreso. Ni más faltaba. Lo que es inaceptable es que se legisle con triquiñuelas y falsas verdades.

* Miembro de La Paz Querida.