La corrupción en Colombia sido descrita con frases tristemente célebres. Algunas de ellas fueron pronunciadas por personajes de la vida nacional. Por ejemplo, el presidente Julio César Turbay afirmó que era necesario “reducir la corrupción a sus debidas proporciones”; Miguel Nule, uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, manifestó que esta es “inherente al ser humano”, y más recientemente la ministra de las TIC, Karen Abudinen, aseveró que “los corruptos serían los mayores beneficiados” si ella renunciara, como lo vienen pidiendo varios sectores políticos por las evidentes irregularidades y los hechos de corrupción en el proceso de adjudicación de la licitación a la Unión Temporal Centros Poblados. Extraña, por decir lo menos, esta conclusión.
Como cabeza del Ministerio, ella es responsable de este proceso y debe responder políticamente y ante la ciudadanía por las acciones u omisiones que pudieron propiciar lo sucedido y, si fuera el caso, ante la justicia. Flaco servicio le hace al Gobierno aferrándose al cargo, y aún más flaco el que le hacen al país el presidente Duque y sus partidos aliados manteniéndola. Los hechos que se han conocido son razones suficientes para que ella se aleje del cargo. Sobre todo, porque las acciones y omisiones ponen en riesgo $70.000 millones destinados a llevar internet a las regiones más apartadas del país, lo que afecta de manera grave el acceso a conectividad de millones de personas en zonas rurales, especialmente los niños que requieren estas herramientas para estudiar.
Mientras la ministra se aferra a su cargo para evitar que los corruptos se beneficien de su renuncia, según la última encuesta de Invamer, la corrupción ocupa el primer lugar en la percepción de los colombianos sobre los principales problemas que aquejan al país. Esto fue lo que dijo el 31 % de los encuestados. Esta cifra no solamente superó en 6 % la del penúltimo sondeo, sino que desplazó a la economía, la inseguridad y el orden público (25 y 15 % respectivamente), que venían encabezando los primeros lugares en las últimas mediciones. Cuando el país está enfrentando una de las peores crisis sociales y económicas de las últimas décadas, con unos niveles de pobreza que han alcanzado límites similares a los de hace diez años, y la inseguridad y la violencia en las ciudades y en el campo también han aumentado, es muy significativo que las supere la corrupción.
La corrupción no solo corroe la confianza de los ciudadanos en el Estado y la legitimidad de sus instituciones, sino que es un detonante de la pobreza, la inequidad y la desigualdad. Muchos de estos hechos afectan principalmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Casos como el cartel de la hemofilia, los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y más recientemente Centros Poblados son solo algunos ejemplos de una larga lista de hechos que lo demuestran. Ministra, ¿aún no piensa renunciar?
Coda. Exigirles a los escritores invitados a participar en la Feria del Libro de Madrid que sean neutrales políticamente, lo que equivale a no hablar de la realidad del país, no solo desconoce el rol de la cultura en la sociedad, sino que constituye un claro acto de censura. Esto es lo que ha hecho el Gobierno colombiano.
Nota. Esta columna fue escrita y enviada al periódico antes de que se produjera la renuncia de la ministra de las TIC. A pesar de esto, el mensaje sigue siendo válido. Lo único que varía es que el presidente le pidió la renuncia a la ministra. Ella tiene el deber de responderle al país por las acciones y omisiones que llevaron al desastre y a la corrupción que acompañaron la licitación adjudicada a Centros Poblados. No es con eufemismos como se combate a los corruptos.