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El debilitamiento y desprestigio de los partidos políticos, y en general de la llamada “clase política”, ha sido un motor para determinar el rumbo de las elecciones en varios países. Durante las campañas presidenciales de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Gustavo Petro y recientemente Abelardo de la Espriella (ADLE) en Colombia, entre otros, en sus discursos y narrativas de campaña utilizaron el descrédito a los partidos como una estrategia para atraer seguidores y sustentar su proyecto de gobierno. Es una estrategia para hacerle creer a los electores que ellos son diferentes a quienes han gobernado sus países en el pasado. Ellos aseguran que van a cumplir sus promesas y a hacer los cambios que el país necesita, pero no deben olvidar que no lo pueden hacer solos. La democracia exige deliberación y respeto a quienes piensan diferente.
No obstante, por lo menos en el caso de Colombia, parece que ni Gustavo Petro, ni ADLE, pudieron hacer realidad esas promesas. Es el caso de los constantes ataques y amenazas por parte del presidente Gustavo Petro a los presuntos culpables de todos los problemas del país, incluyendo la corrupción, a las llamadas élites políticas y económicas: los partidos políticos tradicionales, los empresarios, los medios de comunicación, los tecnócratas y, recientemente, egresados de algunas universidades. Sin embargo, a manera de ejemplo, fueron precisamente algunos miembros de esas llamadas “élites” quienes, con el aval y la activa participación de funcionarios de su gobierno, participaron en los graves hechos de corrupción de este gobierno, incluyendo a aliados y miembros del proyecto político del presidente. También es evidente que reemplazar a expertos en determinados temas por activistas, con el argumento de no ser cercanos a esos sectores, no tuvieron los resultados esperados.
En lo que respecta a ADLE, en extensos recorridos por varias regiones del país, reiteró en muchas ocasiones que no gobernaría con “los de siempre”, los que han abusado del poder y han sido cómplices de la corrupción. Por el contrario, que lo haría con los “nunca”: es decir, con quienes, en sus palabras, nunca han vivido del Estado, nunca han participado de la política tradicional y nunca se han beneficiado de la corrupción. Sin embargo, en varios de los nombramientos que se han conocido, hay muchos nombres que no cumplen con algunas de estas condiciones: familiares cercanos a políticos, expresidentes, exministros, funcionarios públicos, congresistas, alcaldes y gobernadores, que pertenecen o han sido afines a las colectividades que el presidente electo ubica entre “los de siempre”.
En muchos casos, las críticas a los partidos y a los políticos son válidas, y la crisis de los partidos es evidente. Con frecuencia sus dirigentes y miembros olvidan que su deber es representar a quienes votaron por ellos, y terminan privilegiando sus propios intereses. Pero no debemos olvidar que son uno de los pilares de la democracia. Si no los tuviéramos, o si hubiera solo uno, estaríamos en una dictadura.
