La reciente elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral demostró nuevamente que no hay voluntad política de despolitizar las actuaciones y decisiones de los magistrados que lo conforman. Sigue primando la repartición política entre los partidos de acuerdo con los intereses y relaciones de fuerza de estos. Esto no garantiza la independencia y objetividad, el rigor y eficacia que deberían ser una condición para ejercer las funciones establecidas en la Constitución y las leyes. Esto conlleva el riesgo de que las decisiones que adopten los magistrados o las dilaciones en tomarlas inclinen la balanza en una u otra dirección a favor de quienes los eligieron. Muchos dirán, con razón, que esto no es una novedad. Sin embargo, muchos ciudadanos esperaban un “milagro”, teniendo en cuenta las promesas de cambio en el ejercicio de la política.
A esto se suman, como lo señaló recientemente El Espectador, basado en investigaciones de La Silla Vacía, que el CNE incurrió en gastos multimillonarios en capacitación y acreditación de testigos electorales, ciberseguridad, cartillas, entre otros rubros, pagando precios muy superiores a los del mercado. Es paradójico, por decir lo menos, que sea la entidad encargada, entre otras funciones, de regular, inspeccionar y vigilar la financiación de las campañas electorales, distribuir los aportes estatales destinados a financiar los partidos, movimientos y campañas, tal como lo establece el artículo 265 de la Constitución. Como quien dice, el ratón cuidando el queso.
Recordemos que el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas FARC-EP dispuso la creación de la Misión Electoral Especial con el mandato de presentar una propuesta de reforma al deseño electoral institucional. Con relación al CNE y el origen político de los magistrados, se conceptuó que “los casos que llegan a su conocimiento pueden tener impulso procesal y criterios de decisión que dependen de la filiación política de los investigados”. La conformación del recientemente elegido CNE posiblemente no será la excepción. Este y muchos otros temas confirman la necesidad de una reforma política estructural que incluya a esta entidad, cuya legitimidad muchos cuestionan.
Con esto no termina más de lo mismo. Por ejemplo, la cancelación y estigmatización de quienes piensan diferente, y los prejuicios contra quienes han tenido nexos con gobiernos anteriores han sido compartidos por varios gobernantes, así como ataques a veces sutiles y otras más a medios de comunicación. Tampoco faltan nombramientos de personas, no necesariamente por sus méritos, capacidades y conocimientos de los temas de sus cargos. Con frecuencia priman los intereses de los políticos y de sus familias, familiares de políticos cercanos, financiadores de sus campañas o simplemente porque trabajaban en las empresas, negocios o bufetes de abogados del presidente de turno.
Ojalá que los congresistas y el Gobierno consideren presentar un proyecto de reforma política que contribuya a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la política. Y para que la excusa no sea “siempre ha sido así” y, por lo tanto, que se repita indefinidamente “más de lo mismo”.
