Medir y combatir la corrupción

LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA SON quizá los dos problemas más persistentes y graves que afectan la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones en Colombia, hasta el punto que han sido temas centrales y decisorios de las últimas tres campañas presidenciales, y seguramente lo serán en las elecciones territoriales de octubre próximo.

Esto se explica, en primer lugar, por sus inmensos costos sociales y económicos, en particular por su incidencia en la pobreza, la inequidad y las violaciones a los derechos humanos. E igualmente por sus consecuencias en la institucionalidad, así como en la eficacia, la efectividad y la calidad de las políticas públicas.

Pero también por sus costos políticos, que se manifiestan, entre otros, en su impacto en las percepciones que los ciudadanos tienen de sus gobernantes y de su gobierno. Por ello los debates sobre estos temas frecuentemente son utilizados con fines políticos o electorales, olvidando que la corrupción y la violencia son fenómenos que se incuban a lo largo de los años, que tienen profundas raíces en la sociedad. En este sentido es importante llamar la atención sobre la ausencia, insuficiencia o precariedad de la información oficial sobre estos problemas en Colombia.

Las recientes polémicas sobre el llamado carrusel de la contratación en Bogotá,  y sobre la seguridad en el país, son ejemplos de ello. En relación con la inseguridad, mientras unos afirman que en los últimos meses ésta ha aumentado, otros sugieren lo contrario e incluso aseveran que el fenómeno se relaciona con la presencia de tiempo atrás de las llamadas bandas criminales. En el tema de la corrupción, pasa algo similar. Las diferentes entidades encargadas de prevenir, controlar, investigar y sancionar a los corruptos, y de definir las políticas sobre la materia, no cuentan con un acervo informativo suficiente ni de calidad.

Si bien debe resaltarse la inclusión de un capítulo sobre “Buen gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción” en el Plan Nacional de Desarrollo, y la referencia a la necesidad de generar sistemas de información como un insumo fundamental para la política anticorrupción, el diagnóstico y las acciones propuestas se basan en información bastante limitada. Por ejemplo, como lo ha indicado Transparencia por Colombia, no hay datos sobre las distintas modalidades de corrupción, la magnitud de los recursos perdidos, las investigaciones y sanciones, y la situación en las diferentes ramas del poder público y niveles de gobierno. Tampoco se examinan los factores que inciden en las prácticas corruptas, ni se hace un balance del cumplimiento del plan de desarrollo anterior ni de las acciones adelantadas por las distintas entidades involucradas en la lucha contra la corrupción.

La medición de la corrupción es una tarea difícil por la misma naturaleza de las prácticas corruptas, pero es imprescindible. Una política pública de lucha contra la corrupción requiere los mayores esfuerzos para generar información sobre la situación y tendencias de la corrupción, identificar las causas o factores incidentes, y para elaborar una línea de base de referencia sobre la cual fijar objetivos y metas con indicadores verificables.