EL ORANGUTÁN ES UNA ESPECIE EN vías de extinción.
Ambientalistas de todo el mundo han llamado la atención sobre el peligro que corren estos simios, pero quizá no se han dado cuenta de que uno de los pocos sobrevivientes se está paseando por el Congreso de la República de nuestro país. Entra y sale del recinto, nadie da razón de él, pero ahí sigue y todo parece indicar que para quedarse.
Como si no fuera suficiente todo lo que se ha dicho y escrito sobre el proyecto de reforma política que está a punto de ser aprobado por un Congreso que tiene a más de 80 congresistas elegidos en 2006 investigados por sus vínculos con la parapolítica; y que poco o nada hace para sancionar y exigirles responsabilidad política a partidos y candidatos que incurrieron en actuaciones ilegales y que avalaron a estos candidatos, es importante llamar la atención sobre su último artículo, que ha pasado inadvertido y que dice así: “ARTÍCULO 17. Artículo Nuevo Transitorio. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que contemple un Régimen Especial en lo económico, lo político, lo social y lo administrativo, para territorios que comprenden las ecorregiones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga de Zapatosa, la Serranía del Perijá, los Llanos Orientales, Amazonia, Región del Catatumbo, Orinoquia, Chocó Biogeográfico, los Montes de María, la Mojana y los pueblos polifitos del Magdalena y el Pacífico, con el objetivo de reducir los desequilibrios que frente a su desarrollo existen con el resto del país. En la Comisión Especial de que trata el presente artículo, tendrán asiento, además de los parlamentarios de las regiones, los voceros étnicos de cada territorio”.
Este artículo suscita varias preguntas: ¿Quién es el padre de la criatura? ¿Cuáles son sus objetivos? Pero sobre todo, ¿qué tienen que ver el establecimiento de un régimen especial para unas regiones específicas y los desequilibrios en su desarrollo con “la democratización interna de los partidos, su fortalecimiento y su responsabilidad política (…) y la necesidad urgente de proteger al sistema democrático del influjo de agentes y organizaciones criminales”, motivos que impulsaron al ministro del Interior, Fabio Valencia, a presentar el proyecto en agosto del año pasado? Contrasta el loable interés de algunos de nuestros padres de la Patria por preservar el medio ambiente con su igualmente notable desinterés por preservar la institucionalidad democrática, por proteger a los actuales legisladores de las sanciones resultantes de su vinculación con actividades criminales y mafiosas, e incluso por allanarles el camino para participar en política a quienes en el pasado hayan estado en “procesos de paz”. Y por crear regímenes especiales y transitorios para favorecer a la coalición uribista con figuras como el transfuguismo y el nombramiento apresurado de los reemplazos de los parlamentarios investigados por parapolítica y así mantener unas mayorías sin importar su legitimidad. Es decir, para que voten mientras estén libres, como dijo el presidente Álvaro Uribe hace unos años.
