Desde que asumió la Presidencia de la República en 2018, el presidente Iván Duque acuñó la consigna “Paz con legalidad” como la hoja de ruta que guiaría su mandato. A siete meses de terminar su gobierno, surgen interrogantes sobre el alcance y cumplimiento de este propósito. En el tema de la paz, el balance es bastante agridulce. Ha habido desarrollos importantes en algunos temas, como la reincorporación y la dejación de armas de los excombatientes de las Farc y en menor medida en los PDET. Sin embargo, aún hoy, cinco años después de firmado el Acuerdo de Paz, continúan los intentos por parte del gobierno y del Centro Democrático, su partido, para desprestigiar y obstaculizar el funcionamiento de la JEP y la Comisión de la Verdad. El más reciente fue la declaración del primer mandatario criticando los supuestos gastos excesivos de la JEP. Quizás esto es una estrategia para soslayar las numerosas denuncias sobre el incremento desproporcionado de la nómina y los gastos en entidades del Estado, como la propia Presidencia y la Procuraduría, con aprobación de su ministro de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. A esto se suma que la justificación de la procuradora contraviene decisiones de la CIDH, una práctica que no es extraña a la actual administración.
Capítulo aparte merece el crecimiento desbordado de la violencia en el país, en particular el asesinato de cientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes —292 según el último informe del secretario general de Naciones Unidas—; el continuado y creciente desplazamiento forzado de comunidades, y las más de 60 masacres con 221 víctimas mortales en el país en el 2021, entre otros delitos que en su mayoría permanecen impunes. A esto se suman los nulos o precarios avances de la Reforma Rural Integral y la participación política, dos temas fundamentales para garantizar el tránsito a una paz estable y duradera.
En materia de legalidad el panorama no es más alentador. Innumerables hechos de corrupción como el de Centros Poblados del Ministerio de las TIC o el silencio cómplice del Gobierno frente a decisiones del Congreso de aprobar leyes o reformas constitucionales que les abren compuertas a los corruptos —como los cambios en la Ley de Garantías— son solo algunos ejemplos. En el mismo sentido, las jugaditas para impedir la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, a pesar de ser un mandato de ley. De otro lado, es preocupante la cooptación de la justicia, de los órganos de control y de la organización electoral nominando o eligiendo a personas que, por su cercanía al partido de gobierno, no ofrecen garantías de independencia.
El índice sobre el Estado de derecho 2021 del World Justice Project corrobora los problemas que afronta Colombia en materia de legalidad. Si bien es una tendencia mundial, los datos sobre el país, cuando la legalidad ha sido el caballito de batalla del actual Gobierno, no pueden pasar desapercibidos. Entre 139 países, Colombia ocupa el puesto 86, con un descenso de dos puntos con relación al 2020. Otros puestos son los siguientes: 119 en justicia criminal, 126 en orden y seguridad, 101 en ausencia de corrupción, 91 en justicia civil y 87 en el respeto a derechos fundamentales. En este contexto, la paz y la legalidad se parecen más una quimera que a una realidad.
