El presidente Duque convocó a una “gran conversación nacional” que gira alrededor de cinco ejes temáticos: crecimiento económico y empleo, transparencia y lucha contra la corrupción, educación, medio ambiente y paz. Estos son temas de la mayor relevancia, no solamente por ser parte de las demandas de los promotores y participantes del paro y de las movilizaciones ciudadanas que se iniciaron el pasado 21 de noviembre. Importan sobre todo porque todos reflejan problemáticas estructurales que impactan la vida de millones de ciudadanos, lo que hace más difícil solucionarlos en el corto plazo. Por ende, ponen a prueba la capacidad del Estado y de todos los estamentos de la sociedad, públicos y privados, de entender que estos exigen soluciones de fondo y que hacen parte de una agenda que trasciende la actual coyuntura y desborda afiliaciones partidistas.
Las elecciones del 27 de octubre, las protestas y marchas pacíficas, los cacerolazos, los conciertos nocturnos, las velatones, las aulas al aire libre, pusieron en evidencia que hay una ciudadanía que está cambiando y que demanda cambios. Son una señal inequívoca de que la ciudadanía está decidida a hacerse oír y, lo más importante, a participar. El Gobierno, el Congreso y los partidos políticos tienen un gran reto por delante, que puede convertirse en una gran oportunidad: comenzar a escuchar, buscar consensos y concertar propuestas y soluciones.
En la actual coyuntura es fundamental dejar atrás la arrogancia de quienes siguen creyendo que la descentralización es la causa de nuestros problemas y que pretenden gobernar desde Bogotá. Es el momento de escuchar a los mandatarios electos y a las autoridades locales. No solo a los de las grandes ciudades. También a los de los municipios que han vivido por décadas la violencia causada por diferentes actores, la ausencia del Estado y su captura por parte de clanes y familias políticas vinculadas a redes de corrupción para apropiarse de los bienes públicos. Es inaplazable construir gobernabilidad en los territorios más afectados por el conflicto armado, la debilidad institucional, la pobreza y las economías ilícitas, y que tuvieron la esperanza, como millones de hombres y mujeres en todo el país, en que el Acuerdo de Paz sería una oportunidad para transformar su realidad. Aún puede serlo si hay voluntad política para lograrlo.
Nada de esto será posible sin una reforma de fondo al sistema político y electoral conducente a fortalecer, democratizar y hacer más transparente la institucionalidad electoral y el sistema de partidos; mejorar la calidad de la representación política y proveer de garantías de participación a las mujeres, los jóvenes y las minorías; establecer mecanismos eficaces para impedir que la financiación de las campañas siga siendo una de las mayores fuentes de corrupción, entre otros. El Congreso, los partidos y el Gobierno tienen la responsabilidad política y ética de lograr que el ejercicio de la política se vuelva más transparente, participativo, incluyente y representativo. De lo contrario, será a ellos, y no como afirma la ministra del Interior a cientos de miles de ciudadanos participantes en las marchas, a quienes la ciudadanía les dirá: “no pudieron”.
El presidente Duque convocó a una “gran conversación nacional” que gira alrededor de cinco ejes temáticos: crecimiento económico y empleo, transparencia y lucha contra la corrupción, educación, medio ambiente y paz. Estos son temas de la mayor relevancia, no solamente por ser parte de las demandas de los promotores y participantes del paro y de las movilizaciones ciudadanas que se iniciaron el pasado 21 de noviembre. Importan sobre todo porque todos reflejan problemáticas estructurales que impactan la vida de millones de ciudadanos, lo que hace más difícil solucionarlos en el corto plazo. Por ende, ponen a prueba la capacidad del Estado y de todos los estamentos de la sociedad, públicos y privados, de entender que estos exigen soluciones de fondo y que hacen parte de una agenda que trasciende la actual coyuntura y desborda afiliaciones partidistas.
Las elecciones del 27 de octubre, las protestas y marchas pacíficas, los cacerolazos, los conciertos nocturnos, las velatones, las aulas al aire libre, pusieron en evidencia que hay una ciudadanía que está cambiando y que demanda cambios. Son una señal inequívoca de que la ciudadanía está decidida a hacerse oír y, lo más importante, a participar. El Gobierno, el Congreso y los partidos políticos tienen un gran reto por delante, que puede convertirse en una gran oportunidad: comenzar a escuchar, buscar consensos y concertar propuestas y soluciones.
En la actual coyuntura es fundamental dejar atrás la arrogancia de quienes siguen creyendo que la descentralización es la causa de nuestros problemas y que pretenden gobernar desde Bogotá. Es el momento de escuchar a los mandatarios electos y a las autoridades locales. No solo a los de las grandes ciudades. También a los de los municipios que han vivido por décadas la violencia causada por diferentes actores, la ausencia del Estado y su captura por parte de clanes y familias políticas vinculadas a redes de corrupción para apropiarse de los bienes públicos. Es inaplazable construir gobernabilidad en los territorios más afectados por el conflicto armado, la debilidad institucional, la pobreza y las economías ilícitas, y que tuvieron la esperanza, como millones de hombres y mujeres en todo el país, en que el Acuerdo de Paz sería una oportunidad para transformar su realidad. Aún puede serlo si hay voluntad política para lograrlo.
Nada de esto será posible sin una reforma de fondo al sistema político y electoral conducente a fortalecer, democratizar y hacer más transparente la institucionalidad electoral y el sistema de partidos; mejorar la calidad de la representación política y proveer de garantías de participación a las mujeres, los jóvenes y las minorías; establecer mecanismos eficaces para impedir que la financiación de las campañas siga siendo una de las mayores fuentes de corrupción, entre otros. El Congreso, los partidos y el Gobierno tienen la responsabilidad política y ética de lograr que el ejercicio de la política se vuelva más transparente, participativo, incluyente y representativo. De lo contrario, será a ellos, y no como afirma la ministra del Interior a cientos de miles de ciudadanos participantes en las marchas, a quienes la ciudadanía les dirá: “no pudieron”.