Parece inverosímil, pero es verdad

El pasado 28 de junio, la Comisión de la Verdad publicó el Informe final titulado “Hay futuro si hay verdad”. Varios medios de comunicación y organizaciones nacionales e internacionales han publicado apartes y cifras que evidencian los horrores que millones de víctimas vivieron en las últimas seis décadas, que muchos siguen padeciendo. Son verdades inocultables que solo pueden generar vergüenza y dolor. Vergüenza porque, como dijo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, el día del lanzamiento: “¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuáles fueron el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? (…) ¿Cómo nos atrevemos a dejar que pasara y a dejar que continúe?”. Estas son solo unas pocas preguntas que debemos hacernos todos los ciudadanos y reconocer que nuestro silencio, nuestra ceguera, nuestra sordera y nuestra inacción contribuyeron a que todo esto sucediera. Lo vimos y lo escuchamos en los noticieros, lo leímos en los medios y en las redes sociales, pero asumimos que esto era inevitable. Y muchos más lo justificaron y lo siguen haciendo.

De acuerdo con la compilación que hizo La Paz Querida de algunos de los datos y hallazgos consignados en el Informe final de la CEV, más del 90 % de los nueve millones de víctimas y cerca del 80 % de los muertos fueron civiles; más del 29 % de los colombianos resultó afectado; el 42 % de asesinatos selectivos se atribuyen a grupos paramilitares, el 16 % a las guerrillas, el 3 % a agentes del Estado y el 35 % a autores desconocidos; alrededor de 121.768 personas fueron desaparecidas forzosamente entre 1985 y 2016; la mayoría de las masacres fueron ejecutadas por paramilitares, muchas de ellas con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública; 450.000 personas perdieron la vida; entre 1986 y 2017 más de 30.000 niños y adolescentes fueron vinculados al conflicto armado; entre 1958 y 2019 se registraron alrededor de 4.237 masacres y 179.076 asesinatos selectivos; alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestros y toma de rehenes, de los cuales las Farc-Ep son responsables del 40 %, seguidos por los paramilitares (10.538), 195 el Eln y otros grupos el 9 %; 2.446 personas fueron víctimas de actos en contra de la libertad e integridad sexual, siendo las mujeres y las niñas las más afectadas; 16.238 niños y adolescentes fueron reclutados forzosamente, y 223.366 personas sufrieron desplazamiento forzado entre 2017 y 2021. Y desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados cerca de 315 excombatientes y 1.327 líderes sociales.

A pesar de las cifras y los testimonios desgarradores y contundentes que contiene el Informe, aún hay muchas personas, dirigentes políticos y empresariales, formadores de opinión y ciudadanos del común que pretenden tapar el sol con las manos y negar lo que pasó, porque estas verdades les resultan incómodas. Quizás olvidan que el negacionismo fue cómplice de algunos de los peores genocidios que ha visto la humanidad.