En las últimas semanas gobernadores y alcaldes de diferentes regiones del país le pidieron al presidente Santos detener lo que consideran un proceso de recentralización del país. En particular, reclaman que desde el centro se estén tomando decisiones sobre el manejo de los recursos de inversión en sus municipios y departamentos, sin consultarles a los mandatarios electos y muchas veces sin conocer las verdaderas necesidades y prioridades de sus poblaciones en temas como la educación, la salud, infraestructura vial, entre otros. Otros argumentan que el dinero que reciben es insuficiente y que deben responder por las obras que se han definido en Bogotá. Y otros, que se está desconociendo la autonomía que les reconocen la constitución y las leyes.
Las razones de quienes defienden una mayor concentración de las decisiones sobre destinación de los recursos en el Gobierno Central son variadas. Algunos consideran que son medidas para combatir la corrupción, que en su concepto encuentra el terreno más fértil para su reproducción en las regiones; en una dirección parecida, otros plantean que el clientelismo en los territorios imposibilita tomar decisiones con criterios técnicos; y otros plantean la debilidad institucional y la supuesta incapacidad de muchos mandatarios locales para gestionar las inversiones.
Esto es cierto en algunos casos, y así lo demuestran los numerosos escándalos que se han conocido sobre corrupción relacionados con el manejo de recursos de la salud y la educación, con la alimentación escolar, el manejo del dinero proveniente de las regalías, para mencionar solo algunos. Sin embargo, conlleva generalizaciones que no reflejan la realidad de todo el país y mucho menos las capacidades de muchos, posiblemente de la mayoría, de los servidores públicos.
Así mismo desconocen que la gran corrupción, como por ejemplo el caso Oderbrecht , con frecuencia se ha incubado desde el “centro”, con el apoyo de autoridades nacionales. O que el clientelismo se desarrolla como una pirámide desde la Presidencia, pasando por el Senado y la Cámara de Representantes, Gobernaciones y Alcaldías, Asambleas, Concejos hasta llegar a las Juntas Administradoras Locales. Todo esto sustentado en una relación perversa entre financiación de la política y contratación
Este debate adquiere particular relevancia en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz. En especial, de la llamada paz territorial, que como su nombre lo indica sostiene que este proceso se debe construir en y desde los territorios. Esto no se logra concentrando las decisiones en el Gobierno nacional y mucho menos imponiéndolas a quienes mejor conocen cuáles son sus necesidades y sobre todo a quienes han sufrido los peores efectos de la violencia.
Lo que se necesita es fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para mejorar su gestión, crear mecanismos eficaces para prevenir y combatir la corrupción y promover mecanismos para que los ciudadanos participen más activamente en las decisiones y puedan ejercer un efectivo control social sobre el manejo de lo público.
En las últimas semanas gobernadores y alcaldes de diferentes regiones del país le pidieron al presidente Santos detener lo que consideran un proceso de recentralización del país. En particular, reclaman que desde el centro se estén tomando decisiones sobre el manejo de los recursos de inversión en sus municipios y departamentos, sin consultarles a los mandatarios electos y muchas veces sin conocer las verdaderas necesidades y prioridades de sus poblaciones en temas como la educación, la salud, infraestructura vial, entre otros. Otros argumentan que el dinero que reciben es insuficiente y que deben responder por las obras que se han definido en Bogotá. Y otros, que se está desconociendo la autonomía que les reconocen la constitución y las leyes.
Las razones de quienes defienden una mayor concentración de las decisiones sobre destinación de los recursos en el Gobierno Central son variadas. Algunos consideran que son medidas para combatir la corrupción, que en su concepto encuentra el terreno más fértil para su reproducción en las regiones; en una dirección parecida, otros plantean que el clientelismo en los territorios imposibilita tomar decisiones con criterios técnicos; y otros plantean la debilidad institucional y la supuesta incapacidad de muchos mandatarios locales para gestionar las inversiones.
Esto es cierto en algunos casos, y así lo demuestran los numerosos escándalos que se han conocido sobre corrupción relacionados con el manejo de recursos de la salud y la educación, con la alimentación escolar, el manejo del dinero proveniente de las regalías, para mencionar solo algunos. Sin embargo, conlleva generalizaciones que no reflejan la realidad de todo el país y mucho menos las capacidades de muchos, posiblemente de la mayoría, de los servidores públicos.
Así mismo desconocen que la gran corrupción, como por ejemplo el caso Oderbrecht , con frecuencia se ha incubado desde el “centro”, con el apoyo de autoridades nacionales. O que el clientelismo se desarrolla como una pirámide desde la Presidencia, pasando por el Senado y la Cámara de Representantes, Gobernaciones y Alcaldías, Asambleas, Concejos hasta llegar a las Juntas Administradoras Locales. Todo esto sustentado en una relación perversa entre financiación de la política y contratación
Este debate adquiere particular relevancia en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz. En especial, de la llamada paz territorial, que como su nombre lo indica sostiene que este proceso se debe construir en y desde los territorios. Esto no se logra concentrando las decisiones en el Gobierno nacional y mucho menos imponiéndolas a quienes mejor conocen cuáles son sus necesidades y sobre todo a quienes han sufrido los peores efectos de la violencia.
Lo que se necesita es fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para mejorar su gestión, crear mecanismos eficaces para prevenir y combatir la corrupción y promover mecanismos para que los ciudadanos participen más activamente en las decisiones y puedan ejercer un efectivo control social sobre el manejo de lo público.