El título de esta columna es una parodia del que utilizó José Manuel Restrepo en su última columna dominical en este diario. En ella, titulada “Economistas: a construir la equidad”, se refería a las reflexiones de Joseph Stiglitz y de otros autores sobre “las causas, consecuencias y acciones posibles para superar el drama de la inequidad”. Entre las causas que explican por qué ésta se perpetúa, Restrepo menciona que las políticas públicas las diseñan beneficiarios del statu quo que no garantizan la equidad (y) siguen manteniendo el estatus “de una élite que se beneficia con el actual diseño…”.
Algo similar ocurre con las reformas políticas y electorales. Pero quizá las consecuencias son aún más graves, porque las reglas de juego para acceder al poder y para ejercerlo —directamente o por interpuesta persona— no solo definen quiénes llegan, sino que estos tienen el poder de nombrar a quienes van a tomar las decisiones, definir las políticas públicas e incluso elegir a quienes deben controlarlos.
Esto explica por qué es tan difícil introducir reformas al sistema electoral y de partidos que propendan por profundizar la democracia de las organizaciones políticas, mejorar la representación de territorios o grupos poblacionales subrepresentados, hacer más eficaces los controles a la financiación de las campañas y de los partidos, hacer más eficientes las investigaciones contra quienes violan las normas electorales, abrirle espacio a nuevas expresiones políticas y garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a elegir y ser elegido.
Los beneficiarios del statu quo y de los privilegios resultantes del sistema político y electoral vigente difícilmente van a permitir que esto cambie. Ya se han escuchado críticas al proyecto de reforma política presentado por el Gobierno recogiendo algunas de las recomendaciones de la Misión Electoral Especial*. Por ejemplo, el rechazo a la propuesta de establecer un sistema de listas cerradas, porque este significa democratizar las organizaciones políticas, lo cual no le conviene a los barones electorales. O la negativa a crear un ente que cuente con la independencia, la autonomía financiera, el personal y las condiciones técnicas y tecnológicas para poder adelantar las investigaciones sobre delitos o irregularidades electorales en tiempo real. Si bien esto contribuiría a impedir que estas pesquisas queden en la impunidad, que sean archivadas por vencimiento de términos o que las decisiones se produzcan varios años después la elección, como sucede hoy en día, mantener las cosas como están les conviene a muchos.
Cambios como éstos, y otros tantos, difícilmente van a ser aprobados por el Congreso. El actual diseño político electoral perpetúa en el poder a muchos de los que hoy lo detentan en el Congreso y en otras instancias del Estado, y les permite seguir gozando de los beneficios que el sistema les ha otorgado, en detrimento de una democracia más equitativa en lo político, lo social y lo económico. Amanecerá y veremos si el proyecto de reforma política que comenzará a discutirse la semana que viene logrará superar las presiones de quienes quieren que nada cambie.
* Estos comentarios son a título personal y no comprometen a los demás miembros de la MEE.
El título de esta columna es una parodia del que utilizó José Manuel Restrepo en su última columna dominical en este diario. En ella, titulada “Economistas: a construir la equidad”, se refería a las reflexiones de Joseph Stiglitz y de otros autores sobre “las causas, consecuencias y acciones posibles para superar el drama de la inequidad”. Entre las causas que explican por qué ésta se perpetúa, Restrepo menciona que las políticas públicas las diseñan beneficiarios del statu quo que no garantizan la equidad (y) siguen manteniendo el estatus “de una élite que se beneficia con el actual diseño…”.
Algo similar ocurre con las reformas políticas y electorales. Pero quizá las consecuencias son aún más graves, porque las reglas de juego para acceder al poder y para ejercerlo —directamente o por interpuesta persona— no solo definen quiénes llegan, sino que estos tienen el poder de nombrar a quienes van a tomar las decisiones, definir las políticas públicas e incluso elegir a quienes deben controlarlos.
Esto explica por qué es tan difícil introducir reformas al sistema electoral y de partidos que propendan por profundizar la democracia de las organizaciones políticas, mejorar la representación de territorios o grupos poblacionales subrepresentados, hacer más eficaces los controles a la financiación de las campañas y de los partidos, hacer más eficientes las investigaciones contra quienes violan las normas electorales, abrirle espacio a nuevas expresiones políticas y garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a elegir y ser elegido.
Los beneficiarios del statu quo y de los privilegios resultantes del sistema político y electoral vigente difícilmente van a permitir que esto cambie. Ya se han escuchado críticas al proyecto de reforma política presentado por el Gobierno recogiendo algunas de las recomendaciones de la Misión Electoral Especial*. Por ejemplo, el rechazo a la propuesta de establecer un sistema de listas cerradas, porque este significa democratizar las organizaciones políticas, lo cual no le conviene a los barones electorales. O la negativa a crear un ente que cuente con la independencia, la autonomía financiera, el personal y las condiciones técnicas y tecnológicas para poder adelantar las investigaciones sobre delitos o irregularidades electorales en tiempo real. Si bien esto contribuiría a impedir que estas pesquisas queden en la impunidad, que sean archivadas por vencimiento de términos o que las decisiones se produzcan varios años después la elección, como sucede hoy en día, mantener las cosas como están les conviene a muchos.
Cambios como éstos, y otros tantos, difícilmente van a ser aprobados por el Congreso. El actual diseño político electoral perpetúa en el poder a muchos de los que hoy lo detentan en el Congreso y en otras instancias del Estado, y les permite seguir gozando de los beneficios que el sistema les ha otorgado, en detrimento de una democracia más equitativa en lo político, lo social y lo económico. Amanecerá y veremos si el proyecto de reforma política que comenzará a discutirse la semana que viene logrará superar las presiones de quienes quieren que nada cambie.
* Estos comentarios son a título personal y no comprometen a los demás miembros de la MEE.