No es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral investiga a un presidente y a congresistas por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas electorales. Tampoco es una novedad que los investigados pongan en duda las facultades e independencia de este organismo para hacerlo, aduciendo que, por ser elegidos por el Congreso en representación de los partidos, los magistrados no son imparciales. Si bien esto es cierto, no pueden desconocer que esto está entre sus facultades y que, a pesar de varios intentos para reformar el sistema electoral y en particular el mecanismo de elección de sus miembros, estos han fracasado.
A raíz de las investigaciones que adelanta el CNE sobre la financiación de las campañas del presidente Gustavo Petro y de algunos congresistas del Pacto Histórico, estos han aducido, entre otros argumentos, que los magistrados a cargo del proceso pertenecen a partidos de oposición y, por lo tanto, carecen de objetividad. Esto puede ser cierto, pero es lo que dice la ley. Y es lo que viene ocurriendo de tiempo atrás. Adicionalmente, a pesar de intentos más recientes de reformar este sistema de elección como, por ejemplo, el proyecto de reforma política presentado por el senador Humberto de la Calle, que incluía, entre otros aspectos, “despolitizar” al CNE modificando el sistema de elección de sus miembros, el cual fue archivado sin pena ni gloria. Ni el Gobierno, ni los partidos que lo acompañan ni los de oposición apoyaron esta iniciativa. Hasta ahora la voluntad política para hacer estas reformas ha sido la gran ausente.
Pero este no es el único caso sobre el cual el presidente ha manifestado que es objeto de persecución, que los órganos de control y judiciales, los medios y la oposición están conspirando contra él, funcionarios de su Gobierno y sus seguidores y que se está fraguando un golpe blando en su contra. Como escribió Rodrigo Uprimny en su última columna en El Espectador, en ocasiones “la amenaza de un golpe blando es un banderín para minar la separación de poderes, eludir cualquier control y descalificar las protestas en su contra”.
Consecuente con esta narrativa, el presidente ha venido endureciendo y radicalizando su discurso para justificar la convocatoria de una asamblea constituyente, constitucional o referendo constituyente —denominaciones que, por cierto, han ido cambiando, dependiendo de los escenarios en los que hace sus propuestas— con llamados al “pueblo”, al suyo, a salir a las calles y eventualmente desconocer las funciones del Congreso y otras instancias del Estado porque se oponen a sus propuestas. Hace poco en su cuenta de X escribió: “No necesariamente es una Constituyente, es para llevar a canon constitucional el acuerdo nacional que no se contempló en 1991”. Siendo así, ¿cuál acuerdo nacional? ¿El que diga el presidente? ¿Quiénes participarían en su construcción y qué pasaría si no se logra llegar a ese acuerdo? ¿A qué quedaría reducido el rol del Congreso, de las Cortes y de los órganos de control? Son preguntas que hasta ahora no tienen respuesta. Ojalá que estas no emerjan en medio del fragor de las manifestaciones y se traduzcan en hechos cumplidos con consecuencias irreversibles para la democracia.
Nota: A propósito de preguntas, ¿qué opina el presidente Petro del apoyo anunciado por Iván Márquez, dirigente de las disidencias de las FARC, a la Constituyente?
