Los candidatos en campaña hacen promesas que no cumplen. En algunas ocasiones por razones justificadas, por ejemplo por razones fiscales, o porque lo impiden las instancias establecidas por las normas para su debate o aprobación legal o constitucional, o porque surgen otras prioridades. Sin embargo, hay otros incumplimientos que resultan incomprensibles. Por ejemplo, es cuestionable que se utilice como disculpa el hecho de que “todos los gobiernos lo han hecho”, sobre todo cuando las propuestas del cambio fueron el eje de la campaña del elegido. Y cuando siendo oposición en el pasado criticaron estas mismas actuaciones que una vez en el gobierno se repiten.
Un ejemplo de esto es el nombramiento de embajadores desde que inició el actual gobierno. Recordemos que, siendo candidato, el presidente Petro se comprometió a darles prelación a los funcionarios de carrera diplomática de la Cancillería. Es decir, no repetir la práctica de pagar favores políticos o de amistad mediante estos nombramientos. Así mismo, en varias ocasiones manifestó que en todos los altos cargos del Gobierno habría una significativa participación de mujeres. La realidad ha mostrado que esto no ha sucedido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con el portal Diplomacia Abierta de la Universidad Externado de Colombia, 26 de los 45 embajadores nombrados hasta el 19 de febrero de 2022 no pertenecen a la carrera; además, solo 15 son mujeres. A esto se suma que cuatro embajadores ya posesionados tienen abiertas investigaciones por presuntos delitos de diversa índole y que uno declinó a su cargo antes de posesionarse por acusaciones de violencia sexual mientras era profesor universitario.
Ahora el presidente tiene la oportunidad de cumplir la promesa que hizo el día de la entrega del Informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el 27 de junio de 2022, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. En esa ocasión, pocos días después de su elección, se comprometió a cumplir las recomendaciones contenidas en el Informe y apoyar las acciones requeridas para socializarlo y divulgarlo, para que todos los colombianos pudieran conocer los horrores de la violencia que dejó millones de víctimas y por esta vía abrirle caminos a la no repetición. Una medida que puede contribuir a este propósito es que el jefe de Estado extienda seis meses más la vigencia de la CEV, que termina el 28 de febrero de este año. El propósito es finalizar la organización, digitalización y divulgación al público del inmenso acervo documental de la entidad. Como lo informó Daniel Ospina Celis recientemente en El Espectador, “el archivo de derechos humanos más importante del país podría perderse (…) no porque se borre o pierda indefinidamente la información, sino porque si los millones de documentos no están organizados, en la práctica consultarlos sería casi imposible. La situación es especialmente preocupante porque el archivo de la CEV juega un papel muy importante en la transición”. La transición entre un país que sistemáticamente se ha negado a reconocer la verdad y uno que entiende que sin verdad nunca habrá una paz estable y duradera.
