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Todos los candidatos presidenciales suelen prometer luchar contra la corrupción. Lo han hecho en el pasado y lo hacen ahora. Sin embargo, estas promesas y las acciones propuestas han sido insuficientes o simplemente se han ignorado. Esta con frecuencia se expande como un virus, palabra que se ha puesto de moda nuevamente por lo sucedido recientemente en un crucero y que afectó a varios pasajeros y, si no se toman precauciones, puede tener consecuencias impredecibles. Consecuencias que afectan la democracia y deterioran la confianza de los ciudadanos en las instrucciones.
Es importante señalar que, en los últimos años, como lo señaló Transparencia por Colombia (TPC) en el documento Análisis de las propuestas anticorrupción campañas presidenciales 2026-2030, “Colombia ha venido experimentando un retroceso sostenido en las acciones de lucha contra la corrupción”. Por ejemplo, se señala que en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional el país obtuvo un puntaje de 37 sobre 100, inferior al de 2023, que fue de 40 puntos. De acuerdo con este indicador, un puntaje inferior a 50 es significativa de corrupción en el sector público. De otra parte, también se resalta que en el World Justice Project, “en el componente de ausencia de corrupción la calificación descendió de 43 puntos en 2015 a 39 en 2025, evidenciando una percepción de prácticas corruptas en las instituciones públicas”. En este contexto, llama la atención que ante varios escándalos de corrupción que han involucrado a altos funcionarios del gobierno, el jefe de Estado ha guardado silencio.
La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad y ojalá no se quede en promesas incumplidas. Los candidatos deben escuchar a los ciudadanos que en todas las encuestas la señalan como uno de los principales problemas del país. El Espectador del sábado y domingo pasado publicó las opiniones de expertos y conocedores del tema, y TPC elaboró dos documentos que deberían ser tenidos en cuenta.
La financiación de las campañas, el fortalecimiento de medidas de integridad y transparencia para la selección de los funcionarios, las normas y procesos de contratación y licitaciones son consideradas fundamentales para combatir la corrupción porque las debilidades de estos mecanismos, los obstáculos para acceder a información pública han sido detonantes de algunos de los más graves hechos de corrupción en el país. Así mismo la protección de denunciantes y testigos debe fortalecerse. Todo esto exige una articulación y coordinación institucional entre las instancias y poderes públicos encargados de luchar contra este flagelo y evitar que la impunidad se convierta en un aliado de los corruptos.
No obstante, el Poder Ejecutivo juega un papel central en la implementación de políticas y la coordinación interinstitucional, entre otras razones por que, como lo señala TPC, no solo por sus altos niveles de exposición, incidencia, y contratación, sino por tener facultades para liderar el cumplimiento de las normas. Esperemos que más allá de promesas, el próximo presidente lidere esta lucha.
