A menos de tres semanas de las elecciones de Congreso y de las consultas internas de las coaliciones para escoger quien será su candidato a la Presidencia, el panorama es muy preocupante. Esta campaña se ha desarrollado en medio del incremento de la inseguridad y la violencia en todo el país, en especial, pero no exclusivamente en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz; de numerosas denuncias de corrupción política y compra de votos, y el silencio de las autoridades encargadas de investigarlas y de quienes acompañan sus aspiraciones; de relaciones de candidatos con grupos ilegales y actividades criminales; del costo desbordado de algunas campañas. También están a la orden del día la pobreza de las propuestas programáticas de la mayoría de los candidatos, que están siendo reemplazadas por ataques personales, entre otros. Muchos dirán que esto no es nuevo y en parte tienen razón. Sin embargo, a estos se suma un hecho que enturbia aún más el panorama electoral.
Esta es la primera vez que la Registraduría, concretamente el registrador, son protagonistas del debate que se viene dando sobre posibles riesgos electorales resultantes de sus decisiones, declaraciones y actuaciones. Organizaciones de observación electoral, medios de comunicación que hacen seguimiento a las elecciones, así como candidatos y partidos han llamado la atención sobre la falta de transparencia y de claridad de la información y las dificultades y dilaciones para acceder a datos relevantes. Por ejemplo, datos sobre la inscripción de cédulas, la cual es necesaria para identificar el posible trasteo de electores, en años anteriores estaba disponible con suficiente tiempo para poder alertar a las autoridades sobre estos hechos. También se ha cuestionado la expedita y opaca adjudicación de multimillonarios contratos a un grupo de empresas —de propiedad de un entramado grupo de personas con nexos comerciales y familiares— responsables del registro de los ciudadanos, de los procesos de reconocimiento facial, la inscripción de cédulas de los electores y del escrutinio el día de las elecciones.
Todo esto genera preguntas sobre la imparcialidad del registrador, la capacidad de frenar un eventual fraude electoral y de garantizar el derecho a elegir y ser elegido de todos los ciudadanos en condiciones de equidad. Basta recordar que hace unos meses conminó a ciudadanos que afirmaron no confiar en la transparencia electoral a no participar en los comicios. Y cuando en una reunión en el municipio de Soacha puso en duda las cifras del último censo electoral y dijo que estas superaban en cinco millones de personas a las que tiene contabilizadas la Registraduría. Esta discrepancia no debe pasar inadvertida porque podría ser una justificación para incidir en la composición del Congreso y el número de representantes a la Cámara en los departamentos.
Estos hechos contribuyen a la desconfianza de los colombianos en el sistema electoral y por esta vía al debilitamiento de la democracia. No en vano, según el Pulso de la Democracia 2021 del Barómetro de las Américas, solo el 22 % de los colombianos confía en las elecciones, solo el 18 % considera que los votos se cuentan correctamente, el 50 % que los ricos siempre compran las elecciones y el 40 % se muestra escéptico sobre el carácter secreto del voto.
