No es fácil escribir una columna sobre la actual campaña electoral. Todos los medios de comunicación radiales, escritos, y las redes sociales han dedicado hace meses sus espacios a entrevistas a las y los candidatos, a miembros de sus equipos y a ciudadanos, a analizar las encuestas y hacer debates. Esto permitiría suponer que los electores tienen suficiente información para decidir por quién votar.
Se podría pensar que esta información es suficiente para tomar decisiones libres de presiones y a conciencia. No obstante, hay factores que lo impiden. La primera, quizás la más relevante, son las noticias falsas. Es una epidemia que se esparce rápidamente por todo el mundo, difícil de controlar. Colombia no es la excepción. Estos distorsionan la realidad, generan odios, confusión y desconfianza. Los influencers se convierten en poseedores de la verdad. Muchos de ellos pagados por candidatos, campañas y personas interesadas en divulgar información falsa a favor o en contra de una determinada persona.
La utilización de los medios de comunicación del Estado para divulgar información falsa o para promover a sus candidatos político no solo desdice de la imparcialidad que precisamente deben tener por ser estatales. Son numerosos los casos en los que RTVC ha incurrido en esta práctica sin que las autoridades pertinentes intervengan para impedirlo y sancionar a los responsables. El presidente Gustavo y varios funcionarios del gobierno tampoco escatiman las oportunidades para defender y de paso apoyar la candidatura del Pacto Histórico. Algunos medios privados no son ajenos en esta práctica. Recientemente, la revista Semana promovió la candidatura de una periodista-candidata que, ante su pobre desempeño en las consultas, fue remplazada por un candidato que funge de tigre. Aspirante que, entre otras perlas, dijo públicamente que la ética y el derecho no tienen nada que ver. Pero aquí no termina el accionar del dueño de este medio quien financia encuestas que por arte de magia favorecen a su hoy protegido.
La MOE en el último informe para Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, “Elecciones Presidenciales 2026”, analiza riesgos asociados a la desinformación, la manipulación informativa y la degradación del debate público en entornos digitales. En este punto, la MOE identifica “narrativas orientadas a desacreditar autoridades electorales, distorsionar la percepción pública sobre candidaturas, profundizar escenarios de polarización y afectar la confianza ciudadana en el proceso electoral”. También analiza “fenómenos como la comunicación tóxica, los discursos ofensivos o de odio y las violencias basadas en género en las redes sociales”. Por otra parte, “el incremento de agresiones y otras afectaciones contra periodistas y medios de comunicación en el marco del proceso electoral de 2026, debido a su impacto sobre la libertad de expresión, la libre circulación de información, el control ciudadano y las garantías de transparencia del proceso democrático”. De seguir así, a la democracia en Colombia le espera un futuro sombrío.
