El Latinobarómetro 2023, publicado el año pasado, describe lo que está sucediendo con las democracias de la región como una recesión democrática. Esta “no se refiere a esas dictaduras, sino más bien al declive y vulnerabilidad al que han llegado los países de la región después de una década de deterioro continuo y sistemático de la democracia. La recesión se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, la preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos”.
En el informe se mencionan como causa de esa recesión, en primer lugar, los personalismos que debilitan a los partidos políticos, generan su fraccionamiento y, por esta vía, su legitimidad como instancias de representación política. Luego, la desconfianza en las instituciones y los gobernantes y su incapacidad de responder a las expectativas políticas, sociales y económicas de los ciudadanos. En tercer lugar, lo que denomina “el fenómeno más negativo de las democracias latinoamericanas en los últimos años: la corrupción al más alto nivel (…) Esta tuerce el poder del voto al intervenir en las campañas electorales con enormes sumas de dinero y provoca una competencia desleal”. Por último, el populismo, que describen como una práctica “anti-instituciones, anti-pluralista, contrario a las élites, intolerante con ciertos grupos de la sociedad, partidario de la democracia directa y hegemónica”.
Colombia no se escapa de esa recesión democrática y de las características que la identifican. Es evidente el fraccionamiento y debilitamiento de los partidos políticos, su pérdida de credibilidad y legitimidad, la volatilidad de sus posturas programáticas, la práctica de negociar votos por contratos y puestos, mucho de esto asociado con el personalismo que los caracteriza. El Centro Democrático con Álvaro Uribe, el Pacto Histórico con el presidente Petro, Cambio Radical con Germán Vargas Lleras, y tantos otros partidos que giran en torno a los caciques regionales. No en vano Colombia tiene 36 partidos políticos y no por eso es más sólida nuestra democracia.
Con relación a la desconfianza de los colombianos en las instituciones y en el gobierno, esta es muy alta y va en aumento. De acuerdo con el último barómetro de confianza de la consultora Edelman, presentado hace unos meses en Davos, y citado por El País de España, “solo un 31 % de los colombianos confían en el Gobierno, 9 % puntos porcentuales menos que en el año anterior y en el cuarto peor puesto de los 28 países encuestados”. Esta disminución también se observa en otras instituciones como el Congreso, las ONG, las empresas y los medios, entre otras. A esto se suma la corrupción, frecuentemente ligada a la financiación ilegal de las campañas y a la entrega de millonarios contratos a los aportantes, nombramientos de personas cercanas en cargos públicos, así como a recursos vinculados con actores y actividades ilícitas.
Finalmente, el populismo también tiene protagonistas en el gobierno. Personas o grupos que antagonizan constantemente con las instituciones, predican acuerdos, pero no los facilitan, estigmatizan y descalifican a los medios de comunicación y a otros sectores, y privilegian la democracia directa, la de la calle, desconociendo canales establecidos en la Constitución y la ley. Ojalá la recesión democrática no desemboque en la ruptura de la democracia.
