Muchos dirán que es inútil y una pérdida de tiempo hablar de reformar la política cuando el país ha estado sumergido en un tsunami de noticias y denuncias que involucran a miembros de la familia del presidente Gustavo Petro por presuntos hechos de corrupción, incidencia indebida en el nombramiento de funcionarios, asignación de contratos y solicitud de dinero a cambio de favores y beneficios de diversa índole, entre otros, a miembros de grupos criminales; cuando, en una protesta promovida en San Vicente del Caguán por una asociación de campesinos, estos retuvieron ilegalmente y maltrataron física y psicológicamente a 79 policías, en la cual murieron dos personas; cuando varios medios de comunicación han informado sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro cometidas por Ricardo Roa, gerente de esta en Santander, y el Consejo Nacional Electoral le abrió una indagación preliminar por manejar dineros de la campaña en cuentas bancarias personales, “la expedición de facturas por servicios a empresas fantasma, donaciones no registradas y una aparente maniobra de cambio de facturas para evitar sobrepasar los topes”, entre otros hechos; cuando Rodolfo Hernández, quien estuvo muy cerca de ser elegido presidente, tiene varias investigaciones en curso por hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Bucaramanga, y cuando a la ministra de Minas y Energía le han renunciado tres viceministros en solo seis meses, incluso aduciendo razones éticas, seguramente muchas personas, repito, pensarán que hay asuntos más importantes que la reforma política.
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Sin embargo, es precisamente por todo esto, y por mucho más, que el Gobierno, el Congreso, los partidos políticos, los funcionarios públicos y la sociedad civil deben contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en lo público. Esto pasa por cambiar la forma de acceder al poder y de ejercerlo. Por entender que la Constitución de 1991 reconoce la coexistencia de la democracia representativa y participativa, y define los principios, normas, deberes y derechos que garantizan su ejercicio. En este contexto, es claro que la reforma política que está haciendo curso en el Congreso es necesaria, así no sea suficiente. Una democracia robusta requiere partidos políticos fuertes y democráticos y no un avispero de organizaciones y movimientos políticos personalistas que, en muchos casos, se han convertido en microempresas electorales y maquinarias para entregar avales sin ninguna coherencia programática. La proliferación de partidos no implica más democracia, más pluralismo y ni renovación política. Por eso, permitir el transfuguismo, como lo plantea la reforma, o la entrega de personerías jurídicas a “nuevos” partidos por doquier, solo contribuiría a una mayor confusión y desconexión de los ciudadanos con quienes dicen representarlos. Y dificultaría aún más la vigilancia de temas tan propensos a la corrupción como la financiación de las campañas, un asunto que, como ya lo señalé, de nuevo está siendo motivo de escándalos y denuncias. El balón está en manos del Congreso. ¿Perderá por autogol?
