Renunciar o no, esa es la cuestión

Hay verbos que muchos funcionarios públicos parecen no conocer. Y otros tantos que solo utilizan cuando les conviene. Uno de esos verbos es “renunciar”. Algunos ejemplos lo ilustran. Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enfrenta cuestionamientos por una multimillonaria licitación que adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía el propósito de llevar internet gratis a instituciones educativas de zonas rurales del país. En las últimas semanas se han conocido múltiples y graves irregularidades cometidas por quienes ganaron esta licitación. Además de las implicaciones financieras, otra de las consecuencias es el perjuicio para millones de personas que seguirán sin tener el servicio de internet que tanto necesitan. En un país serio, estos hechos ameritarían que el presidente le pidiera la renuncia o que la ministra ya hubiera renunciado a su cargo. Si bien en este como en otros casos similares debe primar la presunción de inocencia y hasta ahora no se ha demostrado que ella haya cometido un delito, lo cierto es que los funcionarios que cometen errores por acción u omisión y que conllevan graves perjuicios para las finanzas públicas y el bienestar de los ciudadanos deben asumir responsabilidades. Además, su permanencia puede resultar inconveniente para las investigaciones en curso o por lo menos generar suspicacias sobre la posibilidad de que pueda interferir en estas.