Hay verbos que muchos funcionarios públicos parecen no conocer. Y otros tantos que solo utilizan cuando les conviene. Uno de esos verbos es “renunciar”. Algunos ejemplos lo ilustran. Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enfrenta cuestionamientos por una multimillonaria licitación que adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía el propósito de llevar internet gratis a instituciones educativas de zonas rurales del país. En las últimas semanas se han conocido múltiples y graves irregularidades cometidas por quienes ganaron esta licitación. Además de las implicaciones financieras, otra de las consecuencias es el perjuicio para millones de personas que seguirán sin tener el servicio de internet que tanto necesitan. En un país serio, estos hechos ameritarían que el presidente le pidiera la renuncia o que la ministra ya hubiera renunciado a su cargo. Si bien en este como en otros casos similares debe primar la presunción de inocencia y hasta ahora no se ha demostrado que ella haya cometido un delito, lo cierto es que los funcionarios que cometen errores por acción u omisión y que conllevan graves perjuicios para las finanzas públicas y el bienestar de los ciudadanos deben asumir responsabilidades. Además, su permanencia puede resultar inconveniente para las investigaciones en curso o por lo menos generar suspicacias sobre la posibilidad de que pueda interferir en estas.
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De otra parte, hay quienes conjugan el verbo “renunciar” solo cuando los beneficia. Esto sucede cada vez con más frecuencia con los congresistas. Cuando son llamados a indagatoria o se les formulan cargos, renuncian a su curul para eludir a la Corte Suprema de Justicia, su juez natural, y que su caso pase a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia ordinaria. Esta no es una práctica nueva. Así lo hicieron, por ejemplo, varios excongresistas vinculados a la parapolítica y más recientemente los exsenadores Álvaro Uribe Vélez —quien poco tiempo antes había dicho que no lo haría—, Richard Aguilar y Eduardo Pulgar, al igual que el exrepresentante Álvaro Hernán Prada, entre muchos otros. En algunos casos esta decisión obedece a la cercanía con el fiscal de turno; en otros, a la posibilidad de ejercer influencia sobre los jueces, en especial si su caso se traslada a su ciudad o departamento de origen.
También hay ministros que renunciaron a sus cargos para evitar enfrentar una moción de censura en el Congreso. Los más recientes fueron Guillermo Botero, exministro de Defensa, y Alberto Carrasquilla, de Hacienda. También lo hizo un fiscal general como Néstor Humberto Martínez, ante la posibilidad de ser sometido a un juicio político.
Volviendo a la ministra Abudinen, además de varios debates de control político, todo parece indicar que a comienzos de septiembre deberá enfrentar un debate de moción de censura. Sin embargo, está por verse qué va a suceder. Si la bancada de gobierno y la presidenta de la Cámara de Representantes, del Centro Democrático, encuentran argucias para no realizar el debate o la ministra renuncia antes, estaríamos ante una nueva burla a la Constitución. Si se aprueba, marcará un hito importante en el ejercicio del control político que debe realizar el Congreso.
