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Las elecciones del pasado 8 de marzo, en las que se definieron los candidatos ganadores en las consultas de los partidos y los miembros del Congreso de la República, demostraron que los reiterados mensajes del presidente Petro y de miembros de su partido, en el sentido de que habría fraude, eran especulaciones: predicciones que no se cumplieron. Por el contrario, los comicios evidenciaron que, para bien de la democracia, Colombia cuenta con una organización electoral robusta. Que tiene falencias es probable, pero, por lo menos hasta ahora, no se han identificado eventos de fraude resultantes de acciones u omisiones de la institucionalidad electoral. Así lo confirmaron veedores nacionales e internacionales.
No obstante, hay hechos que generan preocupación y que deben ser objeto de reflexión. Por ejemplo, la compra de votos, el trasteo de votantes, las amenazas y coerción a electores, la elección de candidatos con investigaciones en curso por presuntos hechos de corrupción. Es cierto que se debe respetar la presunción de inocencia y que los partidos políticos son responsables del otorgamiento de avales, entre otras, por el derecho que tienen los ciudadanos a ser elegidos. Sin embargo, esto no significa que, en determinados casos, cuando los indicios son suficientemente creíbles, se avale a presuntos corruptos simplemente porque proveen votos.
Los insultos a candidatos por parte del presidente y otros funcionarios del Estado a Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, así como a otros candidatos tampoco son aceptables e, incluso, constituyen una indebida participación en política. Como tituló El Espectador el editorial del pasado domingo, “El gobierno burla las normas y las garantías electorales”. No presidente, nadie lo está censurando. Es intervención indebida en política. A esto se suma la utilización de medios de comunicación del Estado para hacer publicidad a ejecutorias lo que ha hecho su gobierno y favorecer a los miembros de su partido. Como el nombre lo indica, estos medios son públicos, es decir, de todos nosotros y no solo del gobierno de turno. Es lamentable que sea el primer presidente de izquierda en el país –quien, entre otras razones, fue elegido por ser abanderado como congresista de la lucha contra la corrupción y del aprovechamiento de recursos públicos en beneficio de los gobernantes de turno– quien replique estas prácticas.
Atizar con discursos incendiarios, acusar a quienes no piensan como él, e insultar a sus opositores, es alimentar la polarización e, incluso, la violencia. Y no acatar las decisiones de jueces y órganos de control –como, por ejemplo, cuando le han ordenado rectificar afirmaciones falsas– es irrespetar la separación de poderes, uno de los pilares de los regímenes democráticos.
Las elecciones presidenciales de mayo –y posiblemente de junio, si hay segunda vuelta–, no pueden convertirse en un campo de batalla. No se deben repetir las acusaciones infundadas sobre falta de transparencia y fraude. Quedó demostrado en marzo que las instituciones están preparadas para enfrentar este nuevo reto. Pero esto no es suficiente. Es necesario dejar atrás los discursos de odio, las narrativas que señalan a quienes piensan distinto. Varios candidatos han expresado su intención de hacerlo. Ojalá esto se traduzca en acciones.
