Riesgos políticos

En el artículo “Riesgo político América Latina” (CEIUC, 2023), Jorge Sahd, Daniel Zovatto y Diego Rojas analizan 10 riesgos políticos de América Latina y alertan de que los niveles de incertidumbre, volatilidad e inestabilidad política, social y económica que experimentaron los países de la región en 2022 fueron los más altos desde 2019. Algunos de estos riesgos son la inseguridad, el crimen organizado, el retroceso democrático, una gobernabilidad compleja y nuevos estallidos de malestar social. En mayor o menor medida, Colombia enfrenta, o podría enfrentar, estos riesgos si no se toman medidas oportunas, eficaces y eficientes para mitigarlos.

La diversidad del origen, de los actores y las expresiones de la violencia en Colombia, sumadas al incremento del crimen organizado y la inseguridad que enfrenta el país, hacen que las políticas para enfrentarlas sean muy complejas y, por ende, que los riesgos políticos aumenten. La propuesta de la paz total del presidente Gustavo Petro es una oportunidad para que esos riesgos disminuyan. Sin embargo, esta política será insuficiente si no se solucionan problemas como la corrupción, la informalidad, la pobreza y la desigualdad en los territorios donde ha sido evidente el abandono del Estado. Estos son igualmente factores generadores de violencia, que alimentan la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y requieren soluciones estructurales.

Por otra parte, en Colombia ha habido períodos en los que se ha puesto a prueba el Estado de derecho. Sin embargo, ha prevalecido una institucionalidad que en momentos de crisis ha demostrado su capacidad de enfrentarlas y allanar los riesgos de retrocesos democráticos. No obstante, hay riesgos que no se deben subestimar. Por ejemplo, el llamado del presidente y la ministra de Salud a que los ciudadanos se movilicen y “discutan en las calles las reformas que se avecinan”. Reformas que no conoce aún el Congreso, el escenario por excelencia para debatir estos temas y que, contrario a lo afirmado por la ministra, aparentemente no han sido socializadas suficientemente con los sectores directamente afectados por estas. El problema no es la movilización, la cual es una forma legítima de participación en las democracias, sino privilegiar estos escenarios sobre los que establece la ley. La democracia directa y plebiscitaria no puede reemplazar a la democracia representativa. En caso de hacerlo, puede conducir a decisiones populistas y al debilitamiento de la institucionalidad, factores que constituyen riesgos políticos.

La gobernabilidad compleja es otro factor de riesgo que se menciona en el artículo. Si bien la coalición de gobierno hasta ahora le ha permitido al presidente sacar adelante proyectos prioritarios de su agenda legislativa, hay algunos factores que pueden cambiar esta tendencia. Por un lado, la complejidad de proyectos como la reforma a la salud, la pensional y la laboral y las controversias que probablemente van a generar no solamente en el Congreso, sino en sectores de la sociedad e incluso entre miembros del Gobierno y otras instituciones del Estado. A esto se suman incertidumbres sobre la capacidad fiscal, administrativa y política para materializar algunas de las propuestas que, sumadas a los mensajes contradictorios entre miembros del Gobierno y la sustentación de sus afirmaciones con cifras erradas que luego tienen que rectificar, entorpecen aún más la gobernabilidad. Cuando las perspectivas económicas para el 2023 no son alentadoras, se corre el riesgo de que las expectativas se traduzcan en frustración y desconfianza, se incremente la polarización y se produzcan nuevos estallidos de malestar social. Por último, por ser un año electoral, las prioridades de los congresistas, partidos y sus candidatos pueden tomar rumbos no coincidentes con los del Gobierno y más bien ajustarse a sus conveniencias e intereses políticos. Los riesgos existen y no se deben subestimar.