Las campañas electorales están dejando en evidencia, una vez más, la urgencia de cambiar la forma de hacer política en Colombia. Candidatos al Congreso cuestionados, herederos de personas investigadas o condenadas por delitos diversos, políticos que desde las cárceles designan a sus sucesores para que les guarden el puesto o los reemplacen con la esperanza —o la certeza— de que les van a cuidar sus feudos, y clanes políticos familiares que siguen manejando los destinos electorales de sus regiones como si fueran empresas particulares son solo ejemplos de lo que está sucediendo. A esto se suman la trashumancia electoral, la compraventa de votos, el pago a ciudadanos para llevarlos a las manifestaciones públicas y el constreñimiento a votantes.
Como si esto no fuera suficiente, se han denunciado graves irregularidades en la financiación de las campañas: enormes sumas de dinero provenientes de “donaciones”, de recursos propios y de familiares, y aportes en especie, a las cuales es muy difícil rastrearles el origen. También hay preocupación por el subreporte de los ingresos y gastos, y por el bajo porcentaje de candidatos que a la fecha lo han hecho a través del aplicativo Cuentas Claras, a pesar de que esto es obligatorio.
Estas prácticas no son nuevas y no debe sorprendernos que se sigan repitiendo. La responsabilidad recae en los candidatos y los partidos y organizaciones que los avalan, para quienes el fin último es obtener más votos, sin importar a qué costo, desplazando con ello el debate programático y de propuestas. Pero también recae en las autoridades electorales que tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar estos hechos. Pero de nuevo se ha demostrado que adolecen de la capacidad, eficacia, efectividad, recursos e independencia par actuar con contundencia.
El reciente fallo del Consejo de Estado, emitido a pocos meses de terminar el período para el cual fue elegido el actual Congreso, es solo un ejemplo. En él le da la razón al partido MIRA al reconocerle su derecho a ocupar las tres curules que le correspondían y declara nula la elección de tres senadores de otros partidos. Esto evidencia que el Consejo y el CNE no actúan con la eficiencia y oportunidad requeridas. Pero además pone en riesgo la legitimidad de esas elecciones y la del propio Congreso, en el que unos congresistas cuya elección fue declarada inválida votaron proyectos fundamentales.
El actual sistema electoral favorece la reproducción de prácticas que perpetúan unas formas de hacer política proclives a la corrupción, poco transparentes, debilitan la democracia y además les cierran las puertas a nuevas expresiones políticas.
A pesar de esto, o quizás por eso, éste no parece ser un tema prioritario para los candidatos y partidos políticos y poco o nada se menciona en sus propuestas de campaña. Cambiar las reglas de juego de la política, modernizar y fortalecer el sistema electoral y la institucionalidad que los rige no da espera. De no hacerse, el desprestigio del Congreso y de los partidos se seguirá profundizando. Con esto, los únicos que ganan son los populismos y las propuestas autoritarias, construidas sobre liderazgos personalistas y mesiánicos.
* Miembro de La Paz Querida.
Las campañas electorales están dejando en evidencia, una vez más, la urgencia de cambiar la forma de hacer política en Colombia. Candidatos al Congreso cuestionados, herederos de personas investigadas o condenadas por delitos diversos, políticos que desde las cárceles designan a sus sucesores para que les guarden el puesto o los reemplacen con la esperanza —o la certeza— de que les van a cuidar sus feudos, y clanes políticos familiares que siguen manejando los destinos electorales de sus regiones como si fueran empresas particulares son solo ejemplos de lo que está sucediendo. A esto se suman la trashumancia electoral, la compraventa de votos, el pago a ciudadanos para llevarlos a las manifestaciones públicas y el constreñimiento a votantes.
Como si esto no fuera suficiente, se han denunciado graves irregularidades en la financiación de las campañas: enormes sumas de dinero provenientes de “donaciones”, de recursos propios y de familiares, y aportes en especie, a las cuales es muy difícil rastrearles el origen. También hay preocupación por el subreporte de los ingresos y gastos, y por el bajo porcentaje de candidatos que a la fecha lo han hecho a través del aplicativo Cuentas Claras, a pesar de que esto es obligatorio.
Estas prácticas no son nuevas y no debe sorprendernos que se sigan repitiendo. La responsabilidad recae en los candidatos y los partidos y organizaciones que los avalan, para quienes el fin último es obtener más votos, sin importar a qué costo, desplazando con ello el debate programático y de propuestas. Pero también recae en las autoridades electorales que tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar estos hechos. Pero de nuevo se ha demostrado que adolecen de la capacidad, eficacia, efectividad, recursos e independencia par actuar con contundencia.
El reciente fallo del Consejo de Estado, emitido a pocos meses de terminar el período para el cual fue elegido el actual Congreso, es solo un ejemplo. En él le da la razón al partido MIRA al reconocerle su derecho a ocupar las tres curules que le correspondían y declara nula la elección de tres senadores de otros partidos. Esto evidencia que el Consejo y el CNE no actúan con la eficiencia y oportunidad requeridas. Pero además pone en riesgo la legitimidad de esas elecciones y la del propio Congreso, en el que unos congresistas cuya elección fue declarada inválida votaron proyectos fundamentales.
El actual sistema electoral favorece la reproducción de prácticas que perpetúan unas formas de hacer política proclives a la corrupción, poco transparentes, debilitan la democracia y además les cierran las puertas a nuevas expresiones políticas.
A pesar de esto, o quizás por eso, éste no parece ser un tema prioritario para los candidatos y partidos políticos y poco o nada se menciona en sus propuestas de campaña. Cambiar las reglas de juego de la política, modernizar y fortalecer el sistema electoral y la institucionalidad que los rige no da espera. De no hacerse, el desprestigio del Congreso y de los partidos se seguirá profundizando. Con esto, los únicos que ganan son los populismos y las propuestas autoritarias, construidas sobre liderazgos personalistas y mesiánicos.
* Miembro de La Paz Querida.