UNO DE LOS FUNDAMENTOS DE LOS regímenes democráticos es la separación y el equilibrio entre las ramas del poder público.
Esto significa que cada una de ellas pueda actuar de manera independiente, sin la interferencia indebida de las demás, pero también que existan los mecanismos de colaboración necesarios para lograr que los intereses generales y el bien público primen sobre las aspiraciones particulares. Sin embargo, para que esto se cumpla, se requiere que haya, por un lado, certidumbre jurídica, y por el otro, instituciones fuertes y legítimas.
La primera significa la estabilidad del marco constitucional y legal de un Estado y su prevalencia por encima de las vicisitudes coyunturales y de las conveniencias individuales o de sectores específicos. La aprobación de la segunda reelección presidencial es un ejemplo de inseguridad jurídica, entre otras razones por su incidencia en la personalización del poder político y por no prever sus efectos sobre la separación de poderes. De otra parte, la fortaleza y legitimidad institucional se refieren a la existencia de instituciones con una estructura organizacional clara y con reglas de juego, estatutos y mecanismos de toma de decisiones e información definidos, efectivos, públicos y acatados por sus miembros. El Congreso de la República y los partidos políticos en Colombia son dos claros ejemplos de instituciones frágiles y con bajos niveles de legitimidad y credibilidad.
El período legislativo que acaba de terminar no solamente permite corroborar esta afirmación, sino el adagio popular que dice que todo lo malo es susceptible de empeorar. A pesar de la aprobación de la Ley de Bancadas en 2005, en el último año se observó un claro retroceso en su cumplimiento. Fueron innumerables las ocasiones en las que los ministros tuvieron que cazar parlamentarios para lograr conformar el quórum o para votar los proyectos del Gobierno. Las elecciones del Defensor del Pueblo y del Procurador General fueron escenario de intensas prácticas de cabildeo ante los congresistas por parte de algunos de los aspirantes, pero poco se hizo para que la ciudadanía conociera sus propuestas. Los reemplazos de congresistas continuaron siendo el pan de cada día.
No deja de ser paradójico que este balance tan pobre de los partidos y el Congreso se dé precisamente cuando hace cerca de diez años el hoy Ministro encargado de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso acuñara la frase “O cambiamos o nos cambian”. No solo es poco lo que ha cambiado en el ejercicio de la política, sino que en muchos aspectos las cosas están peores. Los partidos políticos no logran su institucionalización, carecen de liderazgo y los contenidos y propuestas programáticas brillan por su ausencia. Y en el Congreso no logran erradicarse prácticas cuestionables como el carrusel de los impedimentos, mediante el cual quienes deben declararse impedidos para votar algún proyecto por tener intereses en el mismo son exonerados por sus colegas, y estos a su vez gozan del mismo beneficio. Mientras tanto, con el imprescindible apoyo de los partidos que tienen a más de la mitad de sus miembros en la cárcel o investigados por sus vínculos con actores ilegales, el Gobierno intenta a toda costa salvar una reforma política que poco va a contribuir a combatir estos delitos y un referendo reeleccionista seriamente cuestionado por la forma como fue financiado. Frente a este panorama, la democracia en Colombia no sale muy bien librada.
* Directora de Congreso Visible
