Hace unas semanas, cuando el excandidato Iván Cepeda reconoció los resultados de las elecciones que favorecieron a Abelardo de la Espriella (ADLE) —así hubiera sido por una diferencia muy estrecha—, hubo cierta tranquilidad. Unos días después, el presidente Gustavo Petro también lo hizo, no sin antes repetir que hubo fraude y que tenía las pruebas para demostrarlo. Todo esto ha estado acompañado de acusaciones y amenazas de demandas contra el presidente electo, aduciendo además que, por tener nacionalidad estadounidense —que lo obliga a anteponer lealtad a ese país sobre Colombia—, no podía posesionarse.
Sorpresivamente para algunos, pero esperadamente para otros, Iván Cepeda se retractó de alguna manera de su posición inicial, amenazó con desconocer los resultados y desconocer la autoridad de ADLE. En un discurso en un tono mucho más radical que los que pronunció durante la campaña, anunció promover una desobediencia civil que él lideraría. Las condiciones que puso fueron renunciar a su nacionalidad estadounidense y comprometerse a no extraditar a Gustavo Petro, entre otras. Es muy improbable que estas exigencias no se materialicen.
Las acusaciones de un presunto fraude en las elecciones carecen de fundamento. La organización electoral, los órganos de control, veedores nacionales e internacionales, certificaron su transparencia. Por eso, a menos de que aparezcan evidencias creíbles y legítimas, desconocer el resultado puede ser una bomba de tiempo que conduzca a acciones violentas.
El lenguaje que utilizó ADLE durante la campaña dejó muchas heridas abiertas y temores de un retroceso en temas relacionados, por ejemplo, con los pilares de la Constitución en derechos sociales, políticos y humanos. También asusta el uso desmedido de la fuerza y la eliminación de instituciones como la JEP. Si bien el presidente electo basó su campaña en la independencia de los políticos, lo cual le reportó réditos electorales, es evidente que va a tener que contar con algunos de ellos, como ya lo está haciendo.
No estamos lejos de la tormenta perfecta. La polarización exacerbada; un país profundamente dividido; un presidente y un excandidato que no reconocen el resultado de las elecciones; un gobierno que prometió el cambio, lo logró en algunos temas y no en otros, como la corrupción; una paz fracasada; un país sumergido en la violencia; un próximo jefe de Estado que durante la campaña amenazó a periodistas y medios de comunicación que lo criticaron, así como amenazó también con destripar la oposición, son solo algunos de los elementos que pueden desatarla.
Pocas veces como ahora los partidos, tan desprestigiados y debilitados, tienen que recuperar dignidad y su relevancia. Pocas veces como ahora el papel del Congreso, las cortes, los órganos de control, serán fundamentales para proteger la democracia; todo ello, protegiendo y respetando la separación de poderes. Los ciudadanos tenemos que estar alerta para que los autoritarismos y populismos que se han expandido en la región y en otros países del mundo no se reproduzcan en Colombia.
