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Estoy segura de que estos son los sentimientos que muchas y muchos colombianos compartimos cuando escuchamos o leemos las noticias. Una violencia y reclutamiento de menores exacerbados y escándalos de corrupción que presuntamente involucran a altos exfuncionarios, otros que aún están en el Gobierno en otras entidades del Estado, así como miembros de las fuerzas militares y de la policía.
Esto es particularmente preocupante cuando se conocen presuntos vínculos de miembros de estos con grupos criminales, que con sus actividades propician y alimentan algunos de los peores hechos de corrupción, como el contrabando de armas, la extracción de minerales, narcotráfico y contratos que configuran tráfico de influencias, entre otros. Algo similar ocurre con algunos miembros del poder judicial, responsables de investigar e impartir justicia y de otras entidades del Estado.
Los servidores públicos manejan recursos y bienes que nos pertenecen a todos. Por eso es indignante que la lucha contra este flagelo siga permeando tantas esferas sociales, políticas y económicas. También se han visto involucrados senadores y representantes, incluyendo a sus presidentes. Esto no significa que los particulares no sean partícipes de este tipo de hechos. Por supuesto, muchos lo son.
En varias columnas he expresado mi desencanto, desilusión y ahora más recientemente indignación con lo que ha sucedido en estos últimos tres años en un gobierno que prometió combatir la corrupción. El entonces senador Gustavo Petro fue elegido en varias ocasiones como el mejor parlamentario, precisamente porque reveló y denunció algunos de los peores casos de este delito. Y esta fue una de sus promesas como candidato que sin duda lo llevaron a la Presidencia de la República.
No obstante, esto no se ha hecho realidad. Es cierto que, exceptuando presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, el presidente hasta ahora no ha sido acusado formalmente por este hecho, como sí lo fue su hijo Nicolás Petro, por este y otros hechos. También varios funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, como por ejemplo los entonces directivos de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) y empleados de la entidad que ya fueron condenados, y varios exministros y senadores que están en proceso de investigación por este caso. Por otros casos, tienen investigaciones en curso, como el ministro del Interior Armando Benedetti, e incluso condenas en firme, como Carlos Ramón Gonzales, exdirector de la Dirección de Indiligencia (DNI) quien, dicho sea de paso, está prófugo. Estos dos cargos son de la mayor importancia por ser los responsables de las relaciones con el Congreso y los asuntos políticos el primero y las labores de inteligencia del país, respectivamente. Por lo demás, esta última fue mencionada recientemente en la investigación de Caracol Televisión dada a conocer hace apenas unos días, en la que la involucran de tener nexos con grupos criminales y miembros del ejército para lucrarse de sus actividades.
Por razones de espacio sólo menciono unos pocos casos, pero la lista es larga. Presidente Petro, lamentablemente su gobierno perdió la batalla contra la corrupción. No es el único, pero con usted las esperanzas del cambio se quedaron en promesas.
