El proceso electoral de 2026 genera mucha incertidumbre y debe superar grandes retos. La polarización exacerbada, miles de candidatos aspirando a ser elegidos, egos personales que impiden consolidar propuestas concretas de los partidos y de los aspirantes. A esto se suma el uso masivo de las redes sociales –muchas de ellas sin usuario identificable– además del acoso emocional y judicial a las personas que se atreven a denunciar actuaciones ilegales e incluso criminales de sujetos que aspiran a ser elegidos.
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De otra parte, el informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) para la Octava Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales alerta sobre el incremento de la violencia contra liderazgos sociales, comunales y políticos. Preocupa en particular el incremento de la violencia contra estos últimos, que presentan un incremento del 22 % entre el 2021 y 2025; y contra las mujeres, que han visto “un aumento en redes sociales de expresiones que buscan deslegitimar la participación de las mujeres en política, a través de ataques a su vida personal, señalamientos de su apariencia física y otras expresiones estigmatizantes que constituyen violencia simbólica”.
Desde la perspectiva institucional, los retos no son menores. Por ejemplo, solo las consultas interpartidistas presidenciales han requerido la verificación por parte de la Registraduría de 28 millones de firmas presentadas por 15 candidatos. Ahora es necesario verificar y controlar los ingresos y gastos de estos candidatos y, posteriormente, los de los otros aspirantes. Los organismos electorales son un pilar fundamental para garantizar que los procesos electorales se desarrollen sin contratiempos que pongan en duda los resultados. Pero la responsabilidad también recae en los servidores públicos, comenzando por el presidente de la República, quienes deben acatar los resultados y abstenerse de afirmaciones que, sin fundamentos, insinúan fraudes. De hacerlo, ponen en riesgo la democracia.
Con relación a la transparencia de los ingresos y gastos de las campañas, la ley establece que, a través del aplicativo Cuentas Claras, todos los candidatos y los partidos están obligados a subir esta información. Los asientos contables deben registrarse a más tardar una semana después de la transacción. No obstante, el informe de la MOE reporta, por ejemplo, que hay 2.066 candidatos a la Cámara pero solo cuatro campañas han entregado información. Esto sin contar los retos para contabilizar las inversiones en publicidad en algunas redes sociales. De no tener la capacidad logística y tecnológica de hacerlo, y por ende de hacer el seguimiento, la transparencia de los comicios se verá seriamente afectada y la confianza de los ciudadanos menguada, entre otras razones, por el potencial riesgo del ingreso de recursos ilícitos.
A todo esto se suma el no despreciable número de candidatos que están siendo investigados por diversos delitos, relacionados por lazos familiares o con personas cercanas con antecedentes de esta naturaleza. Esta es una historia que se ha repetido en el pasado y ha sido una fuente de corrupción.
